Investigan créditos millonarios a funcionarios de Salud y evalúan denuncias penales
Nuevos nombres se suman al caso de préstamos otorgados por el Banco Nación. Apuntan a posibles conflictos de interés y beneficios incompatibles con la función pública.
9 de abril de 2026 - 08:29
Se amplía el escándalo por la obtención de créditos multimillonarios del Banco Nación por parte de funcionarios vinculados al área de Salud, y ya analizan llevar el caso a la Justicia por la posible comisión de distintos delitos. Salpicados por el tema, se multiplican los funcionarios vinculados a la Superintendencia de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud de la Nación. Las balas, incluso, pican alrededor del Ministro de Salud Mario Lugones y empiezan a golpear a gente de su confianza.
Al nombre de Sergio Stivelman García, director Nacional de la Dirección Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores de este Ministerio de Salud obtuvo un crédito que a enero de 2026 ascendía a más de 354 millones de pesos, se le sumaron varios otros.
Juan Carlos Pierre Ganchegui, gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia, aparece con un crédito de más de 133 millones de pesos y el Lic. Mario Guillermo Gutiérrez gerente de Administración del mismo organismo aparece con uno de unos 45 millones de pesos. Gutiérrez es una persona de extrema confianza de Claudio Stivelman, Superintendente de Servicios de Salud.
Adicionalmente aparece como receptora de uno de los créditos vip libertarios la Dra. Paula Alejandra Muñoz Agnone, actual Subgerenta de Control Prestacional de Agentes del Seguro de Salud. La funcionaria recibió del Banco Nación nada menos que 244 millones de pesos.
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Según la información que trascendió, ya estarían preparando una presentación para llevarlos ante la justicia a que den las explicaciones del caso. Los denunciantes pondrían el foco en la obtención de créditos por parte de algunos de los involucrados. El punto central no sería solo el acceso a dichos préstamos, sino las condiciones en las que habrían sido otorgados.
En particular se señala como “llamativo” que, de acuerdo con declaraciones juradas patrimoniales, algunos de los funcionarios contarían con sumas significativas declaradas como ahorros o dinero en efectivo y preferirían acceder a créditos del Nación cuando tienen disposición de fondos propios.
La denuncia buscaría que la Justicia determine si existieron conflictos de intereses en la gestión u otorgamiento de los créditos, influencias indebidas derivadas de cargos públicos, tratos preferenciales en entidades financieras estatales, beneficios económicos incompatibles con la función pública y se pondría bajo análisis la posible incidencia de vínculos personales y familiares entre funcionarios y beneficiarios.
