La intendenta de la ciudad La Rioja, Inés Brizuela y Doria, presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la "asfixia financiera" del Gobierno provincial y así poder "restablecer la paz", en medio de incidentes protagonizados por trabajadores que demandan la falta de pago de sueldos frente a la "retención" de las partidas coparticipables.
La dirigente radical precisó que acudirá al máximo tribunal al apuntar contra la administración del gobernador peronista Ricardo Quintela por la "discriminación" que está ejerciendo contra los vecinos del departamento Capital que en el 2019 la votaron y eligieron como "la primera intendenta mujer y con un signo político distinto al Partido Peronista que gobierna la provincia" desde hace muchos años.
La jefa comunal confirmó su determinación de acudir a la Corte en diálogo con la prensa porteña, donde se refirió a la "asfixia financiera al municipio" que ejerce la administración provincial. "Justamente estamos presentando un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando la negación de justicia por parte del Sistema Provincial y denunciando la falta de funcionamiento de las instituciones", precisó y agregó: "Los riojanos necesitamos restablecer la paz social y vivir con un mínimo de orden y de paz, que hace falta sobre todo en estos tiempos del año siempre tan complejos".
La dirigente radical acusó al Gobierno provincial de "presionar políticamente a empleados y funcionarios municipales" sin actuar en los distintos "hechos violentos sobre los cuales ningún juez hizo ni dijo nada". "Básicamente no funciona el Estado de Derecho" en La Rioja, lanzó.
La jefa comunal explicó el fondo del reclamo: "Si la Provincia cumpliera correctamente la Ley de Coparticipación, nosotros podríamos pagar todos los salarios a muchos trabajadores en blanco para optimizar sus servicios y sería el fin de la precarización".
La intendenta se refirió de esta forma a la falta de pago de sueldos de trabajadores municipales y a la escalada de violencia durante una protesta en el edificio comunal y en el parque automotor local en la que fue agredida la secretaria de Obras Públicas, Silvia Salzwedel.
Los incidentes se registraron en el edificio CEPAR Norte del municipio de La Rioja en el marco de las protestas que se dan en la capital provincial desde hace varios días.
Desde el municipio capitalino denunciaron a la Provincia de crear “una verdadera zona liberada para la comisión de delitos, debido a la pasividad y la inacción deliberada de las fuerzas policiales y de la justicia de la provincia”.
El conflicto entre la Capital y la Provincia se desencadenó hace unos 15 días por la falta de pago de salarios a cerca de 2.500 trabajadores estatales “precarizados” que fueron pasados a planta permanente.
La intendenta de Juntos por el Cambio tomó esa decisión, a fin de cumplir con un reclamo “histórico”, pero desde el municipio acusan al gobernador del Frente de Todos de no cumplir con ese compromiso, ya que no recibe los recursos suficientes. Por su lado, desde la gestión de Quintela cuestionan a la dirigente comunal por haber avanzado en la resolución sin contar con las partidas necesarias.