La Provincia lanzó el Programa de inclusión para personas adultas privadas de la libertad con el objetivo de "promocionar el acceso al empleo a este sector de la sociedad".
domingo 22 de marzo de 2026
La Provincia lanzó el Programa de inclusión para personas adultas privadas de la libertad con el objetivo de "promocionar el acceso al empleo a este sector de la sociedad".
La iniciativa fue creada mediante decreto (373/22) del Ejecutivo donde se busca facilitar el acceso al empleo a: personas que han recuperado la libertad con condena cumplida, personas que se encuentran en libertad condicional y personas que se encuentran incorporadas al periodo de prueba para que se le otorgue la semilibertad o salida laboral, si es que reúnen los requisitos legales.
Según el instrumento legal, el programa establece un paquete de herramientas para incentivar la contratación de esas personas. Entre ellas, quienes contraten algunas de las personas que hayan sido liberadas o estén en proceso de serlo accederán al reintegro de las cargas sociales de cada empleado en estas condiciones durante el período de un año.
El decreto define que se podrá otorgar pasantías laborales (becas totales o parciales de trabajo) para la prestación de funciones en contratos laborales con instituciones públicas y privadas. En este punto, advierte que se tendrá preferencia por las personas que tengan menores a cargo y el plazo de contratación de pasantía laboral será de un año con la posibilidad de renovar por un año más.
Establece además la posibilidad de eximir del impuesto a los ingresos brutos a las empresas o personas que instalen actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de las instituciones penitenciarias y otorguen empleo genuino a las personas privadas de libertad. Estas actividades estarán sujetas a las condiciones, deberes y derechos que determine el contrato que se firme entre la parte interesada y las autoridades del Servicio Penitenciario.
El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, explicó que la esencia del programa es “intentar reducir los obstáculos que tienen determinados sectores para acceder o reinsertarse a distintos espacios de la vida social, en este caso, el mercado laboral".
"Este tipo de normativa muestra el interés del Gobernador en trabajar sobre las particularidades de cada sector social vulnerado para reducir los obstáculos que encuentran a la hora de acceder y ejercer plenamente sus derechos”, dijo. En esta línea, destacó que el programa "no es un hecho aislado" sino parte de "un esfuerzo sostenido del gobierno para crear recursos que garanticen el acceso al mercado laboral de distintos sectores sociales".
Desde Asesoría General de Gobierno marcaron que además de garantizar derechos individuales se trata de “la construcción de comunidades más seguras y solidarias".
"Creemos que con esta iniciativa daremos un paso adelante en el proceso de resocialización de las personas que cumplieron o cumplen una pena, porque al brindar más herramientas para poder reinsertarse en un mercado laboral damos lugar a redes de contención que mejoren la seguridad comunitaria”, sostuvieron.
La autoridad de aplicación para el régimen será el Patronato de Liberados dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que deberá trabajar con los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, de Seguridad y de Industria, Comercio y Empleo.