El fiscal solicitó una batería de pruebas para reconstruir la evolución de los bienes del funcionario y detectar posibles inconsistencias.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal. Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.
El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.
Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.
En particular, el fiscal solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de determinar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También pidió conocer quién afronta el pago de las expensas y si se tramitaron los permisos de construcción correspondientes ante el municipio.
A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.
La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los últimos años, junto con sus anexos reservados, para analizar la consistencia de la información presentada.
