La exconcejal María Isabel González fue imputada e indagada por la Justicia bajo la acusación de "apropiación de cosa ajena habida por error en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública", en calidad de autora. Durante la audiencia a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, especializado en delitos contra la administración pública, la exfuncionaria optó por abstenerse de declarar.
La investigación avanza sobre el presunto cobro simultáneo de dos haberes estatales durante varios meses en 2022. González percibía un sueldo por su cargo como concejal del municipio de Los Altos y simultáneamente otro como directora en el área de Educación, sin haber solicitado licencia de su cargo original.
Según fuentes judiciales, González llegó a la fiscalía acompañada de su abogado defensor y se sometió a la audiencia de indagatoria. El fiscal Barros Jorrat le cedió la palabra para que declarase, pero en uso de su derecho constitucional, la imputada decidió guardar silencio.
La denuncia fue realizada en 2022 por Jorge Salas, exdelegado municipal de la localidad de Alijilán. En octubre de ese año, González fue expulsada del Concejo Deliberante tras una sesión en la cual el cuerpo legislativo municipal analizó la situación.
El decreto de expulsión fundamentó la medida por "incompatibilidad de su cargo" e "inconducta ética y moral" por haber continuado percibiendo haberes de ambas posiciones.
Alejamiento
Lo que generó mayor controversia es que, según trascendió en la investigación, la situación habría sido de conocimiento del intendente Raúl Barot, quien estaba al tanto de la doble percepción salarial por parte de González. El jefe comunal supuestamente permitió que se concretara su cargo como directora de Educación sin intervenir para regularizar la situación.
Tras conocerse la imputación judicial, Barot tomó distancia de quien fuera una de sus aliadas más cercanas en el Concejo Deliberante. Fuentes cercanas al intendente señalaron que Barot "le soltó la mano" a la ex edil, a pesar de que su cargo en Educación se habría concretado con pleno conocimiento del propio intendente. Desde el entorno oficial, ahora prefieren marcar distancia y minimizar el vínculo político existente.
González había sido recordada por ser una figura de confianza dentro del concejo y aliada activa durante las sesiones legislativas. Sin embargo, al momento de ser indagada, optó por ejercer su derecho al silencio.n
