El concejal de Fiambalá, Pablo Núñez, presentó un proyecto que busca establecer reglas más estrictas para empresas y transportistas.
El concejal Pablo Núñez presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Fiambalá que propone establecer un régimen de responsabilidad e indemnización para el transporte vinculado a la actividad minera dentro del ejido municipal.
La iniciativa surge en un contexto de cuestionamientos por los controles sobre grandes empresas y apunta a fijar “reglas claras para todos”. En ese sentido, Núñez remarcó: “En Fiambalá, a nuestros guías, emprendedores y comerciantes se les exige hasta el último requisito. Pero cuando se trata de grandes empresas multinacionales, muchas veces los controles parecen ser mínimos”.
El edil sostuvo que esta situación “no puede seguir así” y subrayó que el proyecto se basa en principios fundamentales como el derecho a un ambiente sano, la prevención y la responsabilidad de quienes generan riesgos. “El derecho a un ambiente sano no se negocia. La prevención no es una opción. Y quien genera un riesgo, debe hacerse responsable”, afirmó.
Según explicó, la propuesta busca dar respuesta al crecimiento de la actividad minera en la región y a los riesgos ambientales, viales y sociales que implica el transporte de cargas asociadas. “En Fiambalá convivimos con una actividad que genera desarrollo, pero también riesgos. Y esos riesgos no pueden recaer sobre nuestra gente ni sobre nuestro ambiente”, señaló.
Entre los principales puntos del proyecto se destaca la implementación de un sistema de responsabilidad objetiva y solidaria que alcanzará a empresas, transportistas y contratistas ante eventuales daños.
Asimismo, se prevé la creación de un Fondo Municipal de Reparación Ambiental, destinado a la recomposición, mitigación y prevención de impactos, el cual se financiará con aportes del sector y multas.
La iniciativa también establece la obligatoriedad de contar con seguro ambiental para poder circular dentro de la jurisdicción, la aplicación de protocolos de seguridad y emergencia, y la creación de un Registro Municipal Obligatorio de Transportistas Mineros.
En materia sancionatoria, el proyecto fija multas en Unidades Fijas —equivalentes al valor del litro de nafta súper— que van desde 10.000 hasta 500.000 UF, con el objetivo de evitar que pierdan valor con el tiempo.
Por último, Núñez aclaró que la propuesta no busca frenar la actividad minera, sino regularla de manera equitativa. “No se trata de estar en contra del desarrollo. Se trata de que el desarrollo sea responsable, justo y con las mismas reglas para todos”, concluyó.
El proyecto será analizado en las comisiones del Concejo Deliberante antes de su tratamiento en el recinto.