La propuesta contempla refinanciaciones, quitas para acreedores y créditos para gastos esenciales.
El concejal Gustavo Aguirre presentó un proyecto de ordenanza para crear un régimen excepcional y transitorio destinado a aliviar y reordenar las deudas de trabajadores municipales y familias de la ciudad. La propuesta contempla refinanciaciones, consolidación de obligaciones de alto costo y créditos para gastos esenciales.
El régimen utiliza herramientas municipales como la Caja de Crédito, el sistema de liquidación de haberes y los servicios de orientación y atención. Busca reorganizar las obligaciones sin comprometer los ingresos destinados a necesidades básicas.
Aguirre reconoció que el problema tiene un alcance nacional y que en muchos casos se trata de deudas entre privados, pero planteó que el Municipio puede intervenir dentro de sus competencias.
“No queremos mirar para otro lado y permanecer indiferentes ante la grave situación que están viviendo muchas familias de nuestra ciudad y los trabajadores municipales”, señaló.
La iniciativa prevé refinanciar créditos en mora con la Caja, consolidar deudas de alto costo y habilitar una línea para gastos familiares esenciales. También propone un servicio gratuito de orientación financiera.
Otro punto establece un límite para los descuentos voluntarios mediante códigos automáticos sobre los ingresos municipales. No podrán superar el 30% del ingreso neto disponible, salvo obligaciones alimentarias.
El proyecto incorpora un mecanismo de esfuerzo compartido con los acreedores. Antes de cancelar una deuda, la Caja deberá verificar su existencia y composición, revisar capital, intereses, cargos y gastos y excluir conceptos improcedentes o abusivos.
En las obligaciones con entidades autorizadas, la quita no podrá ser inferior al 20% del saldo legítimamente verificado. Para las deudas con particulares, se eliminarán intereses y accesorios pendientes y se exigirá una quita mínima del 25% sobre el capital residual.
“Si no acepta la quita o pretende conservar derechos de cobro, la Caja no paga”, explicó Aguirre. El acreedor deberá aceptar el monto como cancelación total y definitiva, entregar el libre deuda y devolver o inutilizar pagarés y garantías.
El esquema excluye a compradores de carteras morosas, agencias de cobranza, gestores de recupero, prestamistas habituales y acreedores vinculados al solicitante. Los fondos no serán entregados al beneficiario, sino transferidos al acreedor verificado o depositados judicialmente.
El régimen tendría una vigencia de 12 meses y podría prorrogarse una sola vez mediante una nueva ordenanza. La Caja deberá informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre solicitudes, montos, tasas, reducción de cuotas, morosidad, recuperos y recursos utilizados, con información agregada y anonimizada.
