El Gobierno nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.
El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.
El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nacional, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques dialoguistas a acompañar esas propuestas.
A través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoría General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones.
En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que "el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización".
Este documento deberá incluir "el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización".
