Tras la extensa jornada en Diputados, este jueves desde las 11 es el turno del Senado, donde se realiza una sesión cargada de tensión entre el oficialismo y la oposición. Mientras el presidente Javier Milei buscará sostener el superávit fiscal a cualquier costo, desde la oposición impulsarán proyectos clave.
Con dictamen ya obtenido en comisión, la Cámara alta intentará avanzar con dos iniciativas de alto impacto: la declaración de la emergencia en salud pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. El debate no será sencillo: como todavía no se cumplieron los siete días desde que fueron dictaminadas, para su aprobación definitiva se necesitará el apoyo de dos tercios de los legisladores.
El proyecto de emergencia para la salud pediátrica declara la emergencia por un año y exige recursos inmediatos para salarios, insumos y equipamiento, además de la derogación de la polémica resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el sistema de residencias y encendió la protesta en todo el sector.
En tanto, también se tratará la iniciativa de Financiamiento Universitario, que desde comienzos del 2024 denuncian asfixia presupuestaria. Impulsado por rectores y con media sanción de Diputados, el texto garantiza fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico.
Además, prevé la reapertura de paritarias, congeladas desde octubre pasado, y la creación de un fondo de $10.000 millones, actualizable por inflación, para fomentar el ingreso a carreras estratégicas. En la Cámara baja reunió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, lo que anticipa un fuerte respaldo político.
En el temario también se encuentra la discusión sobre los decretos firmados por Javier Milei que avanzan sobre organismos estatales considerados estratégicos. Entre ellos, el 351/2025, que involucra al Banco Nacional de Datos Genéticos; el 340/2025, que desarma la Marina Mercante; y el 345/2025, que reduce funciones del Instituto Nacional del Teatro y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Además, se debatirán decretos que ya enfrentan demandas judiciales, como el 461/2025, que dispuso la intervención de Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT, y el 462/2025, que hizo lo propio con organismos como el INTI, el INTA, el INPI, el ARICCAME, el INASE y el INV.
