El Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero cuestionó los beneficios otorgados al sacerdote condenado por abuso sexual y advirtió sobre posibles riesgos para niños.
El Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero se pronunció en contra del beneficio de prisión domiciliaria otorgado al sacerdote José Renato Rasgido y exigió que continúe cumpliendo la condena en una cárcel común. El planteo surge luego de que se conociera el traslado del religioso a una vivienda ubicada en la parroquia Santa Rosa de Lima, donde permanecerá bajo esta modalidad de detención.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que la condena por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de culto debe cumplirse "sin beneficios clericales ni políticos" y consideró que la medida constituye una nueva forma de revictimización para quienes denunciaron los hechos.
"El caso del cura abusador Renato Rasgido ha desnudado con total brutalidad el intento sistemático de garantizar la impunidad de los curas", expresaron desde el espacio político. Además, remarcaron que el sacerdote contó durante años con respaldo institucional y que la condena fue posible gracias a la persistencia de la víctima, su familia y organizaciones que acompañaron el reclamo de justicia.
Rasgido fue condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual simple y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, todos agravados por su condición de ministro de culto. La sentencia quedó firme luego de agotarse las instancias de apelación y desde mayo de 2025 comenzó a cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.
Desde el Partido Obrero advirtieron que la prisión domiciliaria "puede poner en peligro a niños" y cuestionaron que la Iglesia continúe interviniendo para obtener beneficios para el sacerdote. En ese sentido, plantearon que, de ser necesario, se acondicionen espacios dentro del Servicio Penitenciario para atender cualquier requerimiento de salud sin que ello implique un régimen especial de detención.
El comunicado concluye con un reclamo para que la condena se cumpla íntegramente en una unidad carcelaria y con el pedido de "juicio y castigo para todos los curas que siguen libres", en referencia a otros casos de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia.