El Gobierno rescindió el contrato del Gasoducto a la empresa MEGA SRL

En el dictamen se incluyeron más de una docena de órdenes de Servicio emitidas por el Ministerio, en las que se solicitaba a la empresa que remita el cronograma detallado de cada parte de la obra para poder realizar las inspecciones de manera correcta. Casi todos estos planteos no tuvieron respuesta por parte la contratista. Ante la insistencia, la empresa respondió una de ellas por correo electrónico pero con información de otra obra distinta, lo que dejó muchas dudas a los inspectores. “El diagrama presentado describe la obra ‘Gasoducto Salar de Pocitos-Salar del Hombre Muerto’, que no corresponde a la obra contratada”, advirtieron desde el Ministerio en noviembre de 2022. Además, cuestionaron que no se detallaban porcentajes de incidencia sobre la obra, ni poseía los montos en pesos. Pero también tenía otro error grosero: la empresa envió documentación en la que informaba que el inicio de las tareas sería el 2 de enero de 2023, cuando el acta de replanteo e inicio de obra se había firmado el 28 de septiembre de 2022. “Se observa una omisión de los meses iniciales”, apuntaron.

El 9 de agosto de 2023 se volvió a intimar a la empresa ya que no estaba cumpliendo el plan de trabajo y el avance físico registraba un atraso de casi el 43%. A julio de 2023 debía estar en un 47% de avance, pero apenas había llegado al 4,83%. Un mes después el Ministerio cuestionó que era “difícil seguir midiendo los avances de obra ya que no hay respuestas de la empresa ante las distintas intimaciones”. Los trabajos llevaban once meses y ya debía estar por el 55% de avance, pero no llegaba al 5% aún.

Informe lapidario

El 14 de febrero de este 2024, un informe de situación del Ministerio concluyó que la obra se encontraba en un “punto crítico” por los reiterados incumplimientos de MEGA SRL. En ese informe, el inspector acusó a la empresa de tratar “sistemática e ininterrumpidamente” de “forzar la adopción de un proyecto propio para garantizarse un incremento de obra no previsto en el contrato”. Se trata del famoso cambio en el trazado, que el Gobierno rechazó porque no estaba justificado técnica, ambiental ni económicamente.

“El proyecto impulsado por la contratista debió haber sido presentado como oferta alternativa durante la etapa de contratación. No se hizo porque en ese caso el costo del estudio habría sido a su cargo y ahora intenta cargárselo a la Provincia de Catamarca”, cuestionó el inspector. En ese sentido, destacó tres puntos clave por los cuales la Provincia no debía desviarse del proyecto original: 1. Mayor costo de obra por mayor longitud de cañería a instalar (ya que los caños los provee la Provincia). 2. Mayor costo de obra por demoras o mayor plazo de ejecución. 3. Mayor complicación en el control de la obra.

“Si la contratista probare fehacientemente que la traza del contrato es inviable o imposible de realizar, cosa que no ocurrió hasta la fecha, la Provincia debería solicitar a ECOGAS que se expida al respecto, como autor responsable de la documentación técnica utilizada en la contratación. Mientras esto no ocurra hay que hacer cumplir el contrato vigente”, argumentó.

Para el Ministerio, mantener suspendida la obra “favorece doblemente a la contratista”.

“Por una parte se está bloqueando la posibilidad de que si se aplicaran multas estas contribuyan a resolver la situación y por otra parte, en el actual contexto económico, con el régimen de redeterminación de precios y habiendo cobrado aunque sea parcialmente el anticipo financiero, a la contratista lo que más le conviene (además de insistir con su proyecto) es dilatar el plan de obra lo máximo posible”, sentenció. La empresa había cobrado el 30 de junio de 2023 un anticipo financiero de $456.012.134,66, equivalente al 10% del monto total del contrato.

Una semana después de este informe se emitió una nueva Orden de Servicio intimando a la empresa a enviar en cinco días la obra aprobada por ECOGAS, el cronograma de obra y la justificación de un eventual cambio de traza y advirtió que esta intimación era bajo posible sanción de rescisión culposa del contrato, sin perjuicio de las multas. La empresa contestó diciendo que ya había presentado toda la documentación.

El Ancasti publicó un informe especial el 4 de marzo alertando sobre el abandono de la obra e informando sobre la multa de $1.963.132.239,74 que se le había impuesto a la empresa MEGA el 24 de octubre de 2023. Ese mismo día, un nuevo informe del Ministerio concluyó que la contratista incumplió los plazos, que no existían argumentos suficientes para modificar el trazado, que el atraso de la obra generó pérdidas para la administración y que la continuidad del contrato “sólo se justificaría si se logran condiciones para realizar la obra”.

Finalmente, la rescisión

El 4 de abril se libró un acta de toma de posesión de los caños y se adjuntó un acta de constatación fotográfica: la Escribanía General de Gobierno describió que se observaron “dos grandes grupos de caños tapados en gran parte por mucha vegetación, haciendo constar que no existe ninguna persona ajena al Ministerio que se encuentre a cargo”. Tal como lo advirtió El Ancasti en marzo, un grupo de caños estaba a la vera de la RN38, en La Merced, y otro grupo en el departamento Santa Rosa. Son 5.000 y la Provincia los había comprado en 2022 por $1.827.267.394 a la empresa SIAT-Tenaris SA, del Grupo Techint, de Paolo Rocca.

Finalmente, el 15 de abril el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente hizo el acta de rescisión de contrato. Un dictamen de la Dirección de Servicio Jurídico de la Contaduría General del 30 de abril consideró que esto era “exclusiva culpa de la contratista” y remarcó la “reiterada conducta de una interrupción total en la ejecución de los trabajos, cuya gravedad tiene la significación suficiente para configurar el abandono de las tareas”. “Un avance nulo de los trabajos y un evidente abandono de la obra, sumado a la conducta injustificada de la empresa, hacen operativa por su propia culta la conclusión definitiva del contrato”, sostuvieron.

El último organismo que intervino antes de la decisión final del gobernador fue la Asesoría General de Gobierno. En su dictamen, se remarcó que el Ejecutivo le concedió a la empresa el plazo necesario para darle una oportunidad de acelerar los trabajos y corregir las demoras. “Según el contrato, la obra debía cumplirse en 24 meses y en el Acta de Rescisión, al 15 de abril de 2024 se constató un avance del 5,23% cuando restan solo cinco meses para el plazo estipulado”, señaló.

El pasado lunes 7 de mayo el gobernador firmó el decreto que ratificó la rescisión. Además resolvió la ocupación inmediata de la obra en el estado que se encuentre, con incautación de los materiales y equipos, y lo hizo en los términos de la Ley de Obras Públicas, que en su artículo nº83 establece que “el contratista responderá por los perjuicios directos que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la continuación de las obras”.n

-Antecedentes

La empresa MEGA SRL ya tenía había registrado demoras en obras contratadas en Salta. Un informe de El Tribuno de abril de 2016, por ejemplo, advertía que la empresa había cobrado en abril de 2014 un anticipo financiero equivalente al 30% del valor total de una obra de cloacas para los barrios 'Las Palmeras' y 'La Misión' de Colonia Santa Rosa, y dos años después los trabajos ni siquiera habían empezado.

Cronología

Septiembre de 2022. Se firma el acta de replanteo e inicio de obra. El Gobierno invertiría en total casi $6.400 millones entre la obra y los caños que ya había comprado. En la Orden de Servicio nº1 el Ministerio advirtió que no habían designado un Representante Técnico. Tardaron 21 días en nombrar uno y otros 30 días en matricularlo en Catamarca.

Noviembre de 2022. Ante los pedidos del Gobierno, la empresa envía documentación equivocada: en lugar de los detalles del Gasoducto Lavalle-Catamarca, envió los del Gasoducto Salar de Pocitos-Salar del Hombre Muerto.

Mayo de 2023. El entonces presidente Alberto Fernández llegó a Catamarca y participó del "inicio de obra" del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. Sin embargo, para esa fecha ya debía llevar un avance del 30%.

Junio de 2023. El Gobierno intimó a la empresa por las demoras. La obra llevaba apenas un 3% de avance. Ante la falta de respuestas, se inició el proceso para multarla.

Agosto de 2023. El Gobierno volvió a intimar a la empresa. Se advirtió que era difícil seguir el avance de obra porque no había un cronograma presentado. Calculaban un 50% de atraso.

Octubre de 2023. Aunque el Ministerio advirtió que estaban dadas las condiciones para rescindir el contrato, se decide una multa a la empresa por $1.963.132.239,74, equivalente a casi la mitad del costo inicial de la obra. MEGA lo apeló pero le rechazaron el recurso.

Febrero de 2024. Un informe del Ministerio advierte que la empresa quería extender el proyecto para garantizarse un mayor trabajo. Aseguraban que MEGA se beneficiaba dilatando el proceso.

Marzo de 2024. El Ancasti informa sobre la multa y advierte el estado de abandono de la obra.

Abril de 2024. El Gobierno toma posesión de los caños y firma el acta de recisión del contrato. La última palabra pasa al titular del Poder Ejecutivo.

Mayo de 2024. El gobernador Raúl Jalil ratificó el acta y rescindió el contrato con la empresa MEGA.