La gestión nacional dispuso la baja o rescisión de 1.683 proyectos y transfirió otros 457 a provincias y municipios.
Más de 2000 obras de infraestructura fueron sacrificadas en el altar del ajuste fiscal por el gobierno nacional. Algunas fueron transferidas a otras jurisdicciones o están en proceso de serlo y otras se dieron lisa y llanamente de baja. Muchas de ellas apuntaban a solucionar problemas de larga data o mejorar las condiciones de vida de la población. Por caso, planes de vivienda, expansión de redes de agua potable, rutas y autopistas.
La situación no es nueva pero se agudizó con la formulación del proyecto de Presupuesto 2027. Allí el Ministerio de Economía blanqueó que "sobre una cartera de 2339 obras, se dispuso la baja o el inicio de procesos de rescisión de 1683, al tiempo que 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a las respectivas provincias y municipios". De esa manera, bajo la gestión del Estado Nacional quedaron solamente 199 proyectos, principalmente vinculados a energía, infraestructura vial (para lo cual se lanzó el proceso de concesión de corredores de alto tránsito) y ferroviaria, estas últimas en el marco de la emergencia declarada en el sector luego del accidente ocurrido en Palermo en 2024.
El gobierno justificó la decisión en la necesidad de mantener el actual superávit en sus cuentas. "La inversión pública debe mantenerse en niveles compatibles con las capacidades fiscales del Estado, en consistencia con las prioridades de política presupuestaria y compatible con el escenario macroeconómico", señala el mensaje de remisión del proyecto de Presupuesto al Congreso.
Las planillas elevadas al Legislativo confirman el recorte. De los $ 216 billones de gasto total del Sector Público Nacional previstos para el año entrante, sólo se destinarán $ 6,16 billones para gastos de capital. Esto implica una baja de 16,4% en términos reales. Medido en proporción al PBI, la inversión pública será de un escuálido 0,4%, una décima menos que en el corriente ejercicio.
Entre los principales proyectos que sobrevivieron a la motosierra oficial se encuentran: la mejora integral del ramal Constitución-La Plata del Ferrocarril Roca ($ 125.942 millones, parcialmente solventados por un crédito del BID); la reconstrucción de la ruta nacional 9/34, entre las provincias de Salta y de Jujuy ($ 104.593 millones); la continuidad de las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz ($ 82.143 millones, con financiamiento chino) y de la autopista Juan Domingo Perón, en el conurbano bonaerense ($ 63.766 millones). Además se destinarán $ 39.690 millones a la construcción del reactor nuclear RA-10 y $ 39.247 millones a la construcción del complejo penitenciario federal Agote, en el partido bonaerense de Mercedes.
La mayoría de los fondos previstos en el Presupuesto corresponden a obras ya en marcha. En cuanto a proyectos nuevos, el panorama es desolador. Según un resumen elaborado por el Instituto Argentina Grande, de los 1393 emprendimientos iniciados por la Nación en 2023, al año siguiente se pasó a solo 18. Sobre 2025 no hay estadísticas, porque en mayo de ese año la Secretaría de Obras Públicas dejó de actualizar los datos.
Entre los programas abandonados se encuentran la construcción de complejos de vivienda a través del Procrear; el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que emprendía tareas de urbanización básica (redes de electricidad, agua, gas y asfaltos con cordón cuneta) en villas y asentamientos; la construcción de nuevas rutas y el mantenimiento de las ya existentes. Un caso emblemático fue la electrificación del ferrocarril San Martín: el BID había otorgado un crédito de U$S 400 millones que Economía lo usó para otros fines. Mientras tanto, según la Auditoría General de la Nación, el 64% del trayecto Retiro-Pilar presenta vías en estado regular o malo.
La conocida aversión de la gestión libertaria a invertir en infraestructura la convirtió en el gobierno que menos fondos le destinó en las últimas décadas. Según la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la suma acumulada para esa finalidad en los últimos tres años fue de apenas 0,9% del PBI. Es menos de la mitad del 2,1% destinado en el cuatrienio 2000-2003 (De la Rúa + Duhalde, con la turbulenta salida de la convertibilidad incluida) y también está por debajo del 3,1% del segundo gobierno de Carlos Menem, otra época en que el Estado se había desentendido de sus obligaciones. El punto más alto fue el 10,6% del segundo mandato de Cristina Kirchner. «El gobierno nacional se encamina a tener el menor gasto de capital (inversión en rutas, vivienda, escuelas, etc.), desde, al menos, la vuelta de la democracia», concluyó el informe.
Fuente: Tiempo Argentino