12 de agosto de 2026 - 17:05
Claves
El Gobierno nacional consiguió dictamen para la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal
El oficialismo tuvo que realizar modificaciones sensibles para obtener el dictamen. La nueva versión excluye a quienes ocupan u ocuparon cargos públicos.
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Inocencia Fiscal II: el oficialismo obtuvo dictamen en Diputados tras excluir a funcionarios del proyecto.
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Modificación clave: se veta el acceso al régimen a quienes ocupan u ocuparon cargos públicos en los últimos cinco años.
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Impacto del cambio: la exclusión se aplica a funcionarios y empleados de alto rango en todos los poderes y niveles.
La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados, después de aceptar una modificación sensible sobre el alcance del régimen. El texto excluye de sus beneficios a funcionarios de los tres poderes y también alcanza a quienes ocuparon cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. El despacho obtuvo 44 firmas en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.
El Gobierno reunió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo para avanzar con una iniciativa que busca sumar contribuyentes al sistema formal. El dictamen recibió las firmas de 32 diputados de La Libertad Avanza, uno del MID, dos radicales, uno de Independencia, dos de Innovación Federal, uno de Producción y Trabajo y uno de Provincias Unidas en disidencia parcial. La discusión quedó encabezada por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones.
La concesión que hizo el oficialismo para blindar el proyecto
La nueva redacción impide que los funcionarios accedan a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones y cualquier inmunidad tributaria prevista dentro del esquema. Las autoridades alcanzadas podrán recurrir al sistema simplificado solo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.
Rodríguez Machado afirmó que la restricción no deja lugar a interpretaciones. La diputada explicó que “los funcionarios no entran en este régimen” y precisó que la prohibición comprende a quienes ocuparon cargos públicos durante los últimos cinco años y a quienes los ejerzan en adelante.
El alcance incluye a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo con rango igual o superior a secretario de Estado en Nación, provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. La exclusión también comprende a legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público, defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.
Menos límites para entrar
El dictamen elimina los topes de $1.000 millones de Ganancias y $10.000 millones de patrimonio que condicionaban el ingreso al sistema. La modificación abre el régimen a grandes contribuyentes y altera uno de los límites previstos en la versión anterior del proyecto. La propuesta incorpora además una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas. El texto mantiene un régimen especial de rebaja del 50% y establece márgenes para que ciertas diferencias en las declaraciones juradas no activen la intervención de ARCA.
Rodríguez Machado defendió ese apartado con el argumento de que la norma tiene un carácter exclusivamente tributario. La diputada aseguró que el objetivo apunta a ofrecer previsibilidad y alivio fiscal a ciudadanos y PyMEs que cumplen con sus obligaciones. El oficialismo buscará ahora llevar el proyecto al recinto en la sesión prevista para el próximo 26 de agosto.
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