La iniciativa reemplaza la norma vigente desde hace más de cincuenta años y crea figuras vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.
El Poder Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto de reforma integral de la ley general de sociedades (19.550), con el objetivo de adaptar el marco jurídico argentino a las nuevas actividades vinculadas a la inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica.
La iniciativa ingresó apenas una semana después del envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, régimen de incentivo para grandes inversiones en sectores estratégicos. En conjunto, ambas medidas buscan atraer industrias que hoy tienen escasa presencia en el país y facilitar su radicación.
El proyecto propone reemplazar una norma con más de medio siglo de vigencia por un régimen más flexible para la constitución, organización y financiamiento de empresas. Entre los cambios más relevantes se destacan:
Nuevas figuras societarias: se incorpora la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), inspirada en organizaciones que funcionan mediante blockchain y contratos inteligentes, y la sociedad automatizada, que desarrolla su actividad con sistemas algorítmicos o agentes de inteligencia artificial.
Flexibilización del objeto social: habilita la unipersonalidad en todos los tipos societarios, digitaliza trámites y documentación, facilita reuniones remotas y elimina exigencias registrales consideradas burocráticas.
Arbitraje internacional y derecho extranjero: permite que sociedades sin oferta pública pacten que determinadas relaciones internas se rijan por derecho extranjero o principios del derecho mercantil internacional, y que conflictos puedan resolverse en tribunales arbitrales fuera del país.
Integración de las SAS: las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas en 2017, quedan incorporadas definitivamente al régimen general.
El Gobierno argumenta que la actual ley “ha demostrado ser insuficiente para responder a las transformaciones del entorno económico, tecnológico y jurídico de las últimas décadas” y que resulta necesario contar con estructuras “más simples, flexibles y tecnológicamente compatibles”.
La iniciativa anticipa discusiones en torno a la libertad contractual, la posibilidad de recurrir a derecho extranjero y la reducción de controles formales. Especialistas advierten que la simplificación podría abrir interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia, y que la incorporación de organizaciones basadas en blockchain podría dejar parte de sus protocolos fuera del alcance de los controles administrativos ordinarios.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que el reconocimiento jurídico de estas nuevas formas de organización económica es clave para evitar que operen en zonas de incertidumbre o informalidad.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, junto con la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzábal Murphy, y el Ministerio de Justicia. Lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.