Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la planta de personal del Sector Público Nacional se redujo en 71.661 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 21%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El análisis, que abarca datos hasta junio de 2026, muestra que el recorte fue constante durante todos los meses de la gestión libertaria y afectó tanto a la administración centralizada como a empresas y sociedades del Estado, con un impacto profundo en áreas estratégicas.
El Gobierno eliminó 71.661 puestos en el sector público nacional desde diciembre de 2023
Los recortes afectaron a empresas estratégicas como el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y el CONICET, y a organismos clave para la investigación, la seguridad social y la fiscalización tributaria.
El análisis por sector revela que la administración descentralizada concentró la mayor cantidad de despidos en términos absolutos (25.382), seguida por las empresas y sociedades del Estado (22.765) y la administración centralizada (17.974). Sin embargo, en términos porcentuales, el ajuste más severo recayó sobre la administración centralizada, que perdió el 32% de su personal, seguida por las empresas y sociedades (20,6%) y la administración descentralizada (18,5%). El informe señala que el Correo Argentino encabeza la lista con 5.578 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria (4.208) y el Banco Nación (2.363). Aerolíneas Argentinas y AYSA también figuran entre las más afectadas, con 1.990 y 1.855 desvinculaciones respectivamente.
En términos proporcionales, los casos más extremos se registraron en la ex Télam (Agencia de Publicidad del Estado), que perdió el 79% de su personal, y en ENARSA Patagonia, con una reducción del 66,7%. Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E. también sufrieron recortes superiores al 55%, lo que el informe interpreta como parte de una "decisión política de alto impacto simbólico y estructural, orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar, educar y difundir cultura desde una perspectiva federal y plural".
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el recorte más significativo en términos absolutos se dio en ARCA (ex AFIP), con 3.427 puestos eliminados, lo que compromete la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. Le siguen la ANSES (2.982 despidos) y el CONICET (2.057). La reducción en el principal organismo de ciencia y técnica del país afecta líneas de investigación críticas en salud, ambiente y energía, y debilita "el tejido institucional del sistema científico argentino", advierte el informe.
En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (62%), seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (53%) y el INAES (46%). El informe también destaca una reducción del 32% del personal del Banco Nacional de Datos Genéticos, que interpreta como un gesto político a 50 años de la última dictadura cívico-militar.
"Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un profundo cambio en la concepción del rol del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional", concluye el estudio.
El desmantelamiento sistemático de capacidades estatales alcanza a organismos que garantizan derechos esenciales, como la seguridad social, la investigación científica, la regulación de comunicaciones y la seguridad vial, dejando al Estado "vaciado de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional", según el informe.