Lo confirmó el Ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger
El Gobierno decidió prohibir los cargos hereditarios en la administración pública
La medida apunta a priorizar la meritocracia y reducir la estructura del Estado.
El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que se prohibieron los "cargos hereditarios" en la administración pública. Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en conferencia de prensa. La resolución firmada apuntar a impedir que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo que regía en organismos como ANSES; Aduana; Afip; Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Nación; YPF y Ferrocarriles Argentinos.
Según argumentan desde el Poder Ejecutivo, la decisión “profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado”. Al respecto, el ministro planteó: "En Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice que luego del fallecimiento del agente se procedía a la incorporación de familiares, como el hijo o el cónyuge”.
En una especie de racconto histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el Presidente Milei ha decidido eliminar”.
Embed - Fin a los cargos hereditarios en la administración pública nacional
“Si se revisan los años de las cláusulas se puede ver que, en el BNA y el BCRA, son de 1973, en ANSES de 1998, en Aduana de 2008, en YPF de 2012 y Ferrocarriles, 2015. Todos son gobiernos peronistas. Se perfila entonces que en Argentina hay dos versiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y acá está tipificado quiénes son”, sentenció.
Los ejemplos de convenios que incluyen beneficios hereditarios son numerosos en la administración pública nacional, y en muchos casos, están profundamente arraigados en los estatutos de distintos organismos.
Con el nuevo decreto, la Secretaría de Trabajo no homologará ninguna convención colectiva de trabajo que incluya beneficios de este tipo. Esto significa que los acuerdos sindicales deberán ajustarse para eliminar estas prebendas si desean recibir la validación oficial, adelantó el Gobierno.
