Las transferencias a provincias y municipios se redujeron 86,6% real en los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período de 2023.
El recorte del gasto público nacional tuvo entre sus principales focos a las provincias, los municipios y la obra pública. Entre enero y agosto de 2026, las transferencias corrientes a las jurisdicciones subnacionales registraron una caída real de 86,6% respecto del mismo período de 2023, mientras que los bienes de uso, una categoría que incluye la inversión en obra pública, retrocedieron 83,6%.
Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que analizó la evolución del gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) desde 2023, el año previo a la asunción del actual Gobierno, hasta 2026. La APN representa aproximadamente el 85% del gasto del sector público nacional.
El estudio adquiere además relevancia en la antesala de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, prevista para este 15 de septiembre.
En términos generales, el gasto primario devengado acumuló hasta agosto una reducción real de 32,1% frente al mismo período de 2023. La contracción ya era de 19,4% en enero, se amplió a 27,5% en febrero y llegó a 30,8% en marzo. Desde entonces se mantuvo en niveles cercanos al 31% y 32%.
Ninguna de las principales partidas analizadas por el Iaraf tuvo una reducción porcentual mayor que las transferencias corrientes a provincias y municipios. El retroceso fue de 86,6% real entre enero y agosto de 2026 frente a igual período de 2023. Se trata de recursos que tres años atrás representaban 5,7% de todo el gasto primario de la Administración Pública Nacional.
La magnitud del ajuste se mantuvo prácticamente durante todo el período. En enero de este año, las transferencias ya se encontraban 87,6% por debajo del nivel real de enero de 2023. En agosto, la diferencia seguía siendo de 86,6%.
Por su peso previo y por la magnitud de la reducción, los menores giros a provincias y municipios explican 13% de toda la caída real del gasto primario nacional registrada entre ambos períodos.
El segundo mayor recorte porcentual se produjo en los bienes de uso. Esta partida, que comprende la obra pública, cayó 83,6% real respecto de 2023.
La contracción llegó a ser todavía mayor al comienzo del año. En enero, el gasto en bienes de uso estaba 97,3% por debajo del registrado tres años antes. Pese a la recuperación posterior, permaneció durante todo el período entre los dos componentes con mayor ajuste. En 2023, este rubro representaba 2% del gasto primario. Debido a su menor peso relativo, explica 5,2% de la reducción total registrada desde entonces.
El ajuste alcanzó también con fuerza a las transferencias destinadas a otras entidades del sector público nacional, entre ellas empresas públicas y fondos fiduciarios.
Esos recursos disminuyeron 62,1% en términos reales y explicaron 23,6% de toda la reducción del gasto primario. Es, de hecho, el componente que realizó el mayor aporte al ajuste total debido al peso que tenía dentro del presupuesto: representaba 11,3% del gasto primario en 2023.
Las otras transferencias al sector privado, categoría que incluye subsidios económicos como los destinados a energía y transporte, cayeron 59,3%. Este componente explica otro 14,9% del ajuste.
Las universidades nacionales también aparecen entre las partidas afectadas. Las transferencias destinadas a ellas disminuyeron 39,7% en términos reales entre los primeros ocho meses de 2023 y el mismo período de 2026.
La reducción se profundizó durante este año: en enero la diferencia respecto de 2023 era de 11,8%, mientras que en agosto alcanzó 39,7%. Las universidades explican 5% de la contracción total del gasto analizada por el Iaraf.
Las ayudas sociales a personas y las asignaciones familiares tuvieron una reducción real de 30,6%. Debido a que representaban 16% del gasto primario en 2023, explicaron 14,4% del ajuste total.
El gasto en personal, por su parte, disminuyó 28,9% y aportó 10,6% de la reducción. Los servicios no personales cayeron 39,9%.
Las jubilaciones y pensiones presentaron un comportamiento diferente. Aunque también terminaron por debajo de 2023, tuvieron la menor reducción entre los principales componentes: 8,2%.
Su importancia presupuestaria es considerable. En 2023 representaban 38,1% del gasto primario nacional. Por esa dimensión, pese a haber tenido la menor caída porcentual, explicaron 10,1% del ajuste total.
El Iaraf también proyectó qué ocurriría si durante los cuatro meses restantes de 2026 se mantuviera la reducción real registrada hasta agosto. Bajo ese supuesto, el gasto primario de la Administración Pública Nacional terminaría este año en un nivel equivalente a 12,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Eso significaría una disminución de 5,4 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, superior a la reducción de cuatro puntos registrada en 2024 y a los 4,6 puntos de 2025.
De concretarse esa trayectoria, la reducción acumulada durante los tres años alcanzaría aproximadamente 14 puntos porcentuales del PBI.
El informe señala además que el 42% de toda la caída del gasto primario de la Administración Nacional se explica por la reducción conjunta de transferencias a provincias y municipios, universidades nacionales y otras entidades del sector público. En esos casos, el recorte nacional implica una disminución de las fuentes de financiamiento de esos organismos y jurisdicciones, que deben compensarla con recursos propios o reducir sus propios gastos.