El plazo para firmar dictámenes vence el 20 de noviembre.
La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas retomarán en los próximos días las negociaciones por el Presupuesto 2027, trabadas por los reclamos vinculados con las prestaciones por discapacidad, los fondos para las universidades y los subsidios al transporte del interior. Las conversaciones habían quedado en pausa por las elecciones en Estados Unidos, a las que viajó una comitiva de legisladores, y por la visita del papa León XIV.
El oficialismo dispone de poco margen: si no firma el dictamen antes del 20 de noviembre, deberá tratar el proyecto en sesiones extraordinarias, que el Gobierno nacional puede convocar desde el 1 de diciembre. Con ese escenario, ya descartó votarlo el 18 y apuesta a conseguir el despacho el 17 para llevarlo al recinto el 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Los tres participaron de la última reunión con los aliados, que terminó sin acuerdo y obligó a postergar la firma del dictamen.
Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los bloques que habitualmente respaldan al Gobierno se muestran más exigentes a la hora de acompañar un proyecto que tiene como ejes el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario, y que prevé $22.700 millones en obras para la provincia. Los reclamos tienen puntos en común, pero cada espacio suma demandas ligadas a la realidad de sus distritos. A eso se agrega el planteo de un grupo de gobernadores, que pide aprobar otras iniciativas consideradas clave para las economías regionales.
El principal punto de coincidencia es la rebaja del Impuesto a los Combustibles. Los aliados argumentan que lo recaudado no se destina a los fines para los que se creó el tributo, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior. Exigen, además, garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad y aumentar las partidas para las universidades nacionales.
Los bloques aliados sostienen que es posible atender esos pedidos y ponen el foco en la Jurisdicción 91, que cuenta con unos $14 billones sin una asignación específica, ya que está destinada a cubrir determinadas contingencias financieras.
El PRO, en tanto, busca garantizar los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados. También pide un mecanismo que asegure el cumplimiento de los plazos y las tarifas de las obras públicas en las rutas nacionales. Sobre la coparticipación porteña, el oficialismo considera que el tema podrá resolverse en negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.