La medida ahora pasará a la Cámara de Senadores para su tratamiento. También se aprobaron dos proyectos de expropiación para Paclín y Pomán.
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de expropiación con destino de utilidad pública para los departamentos Paclín y Pomán, iniciativas que ya contaban con sanción del Senado. Además, dio media sanción al nuevo Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, que ahora será tratado por la Cámara de Senadores.
En primer término, Diputados convirtió en ley el proyecto de expropiación de distintas fracciones ubicadas en La Merced y Balcozna, departamento Paclín, destinadas a soluciones habitacionales, infraestructura comunitaria, actividades culturales y recreativas, apertura de calles, conectividad y seguridad vial.
Durante el debate, el diputado Eduardo Andrada remarcó que “cuando hablamos de utilidad pública en este proyecto hablamos de cosas muy concretas: vivienda, acceso a la tierra, infraestructura comunitaria, cultura, deporte, recreación, conectividad y seguridad vial”. Además, sostuvo que “la expropiación es el instrumento, la finalidad es dar respuesta a las necesidades concretas de La Merced y Balcozna”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Ledesma señaló que “el proyecto no desconoce la propiedad privada, sino que prevé expropiaciones sobre fracciones concretas, identificadas y destinadas a fines de utilidad pública”. También explicó que el procedimiento puede concretarse mediante avenimiento con los propietarios o, en caso de no existir acuerdo, mediante la vía judicial.
Ledesma remarcó además que “detrás de cada iniciativa hay necesidades reales de comunidades y vecinos que esperan soluciones” y pidió “dejar de lado las cuestiones dogmáticas” para analizar cada proyecto en función de las necesidades concretas de los catamarqueños.
En tanto, el diputado Francisco Monti planteó durante el debate una discusión vinculada al concepto de utilidad pública y sostuvo que “utilidad pública no es lo mismo que necesidad pública. No toda decisión del Estado configura una utilidad pública”.
También quedó aprobada la expropiación de un inmueble ubicado en Saujil, departamento Pomán, que actualmente se encuentra abandonado y que generó reclamos de vecinos por la acumulación de residuos y escombros.
La diputada Stella Nieva explicó que “no estamos hablando solamente de la recuperación física de un terreno; estamos proponiendo recuperar un espacio para la comunidad, mejorar la calidad ambiental del sector y generar infraestructura pública que contribuya a una mejor calidad de vida”. La iniciativa contempla que el inmueble pueda ser destinado a un espacio verde, plaza barrial, paseo recreativo, centro comunitario u otro equipamiento que responda a las necesidades de los vecinos.
Durante el tratamiento, el diputado Mateo Manti hizo hincapié en la necesidad de priorizar el diálogo, especialmente al tratarse de una comunidad pequeña, y señaló: “Hago hincapié siempre en el diálogo y más sobre terrenos, y no llegar a la Legislatura”.
Por otra parte, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Nuevo Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, que busca adecuar la legislación provincial al nuevo marco establecido por la Ley Nacional N.º 27.801. La iniciativa será ahora girada al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.
Uno de los aspectos destacados durante el tratamiento fue el proceso de elaboración de la iniciativa, que contó con múltiples voces y aportes. Participaron diputados de distintos bloques, jueces del fuero penal juvenil, asesoras de menores, equipos técnicos, abogados y profesionales vinculados al ámbito judicial, quienes aportaron sus experiencias y observaciones para la construcción del texto.
María Argerich destacó especialmente este trabajo y sostuvo que “cuando esta ley se sancionó y se convirtió en una realidad, tomamos la responsabilidad como comisión, desde todos los espacios políticos, de ponernos a trabajar y poder pensar que Catamarca necesitaba adecuar su sistema”. También remarcó la participación de “los jueces del régimen penal juvenil, las asesoras de menores, los distintos diputados de todos los bloques” y los equipos técnicos de la Cámara.
Por su parte, Verónica Vallejos, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, destacó que “este no fue un trabajo de un solo sector político ni de una sola mirada”, sino el resultado de un proceso de análisis y diálogo en el que participaron legisladores de distintos espacios junto a magistrados y equipos técnicos.
Vallejos agregó que “las diferencias de enfoque que naturalmente existen en una democracia fueron abordadas con respeto, responsabilidad y vocación de consenso”, poniendo en consideración el interés superior de los adolescentes, la protección de las víctimas y la necesidad de brindar respuestas adecuadas a la sociedad.
El proyecto incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, la conciliación, el criterio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba y mecanismos de justicia restaurativa, además de reforzar la defensa especializada, las garantías procesales y la capacitación de quienes intervienen en procesos que involucran a adolescentes.