Las diputadas Cecilia Guerrero y Adriana Díaz (FdT) cuestionaron el veto del Poder Ejecutivo a la prestación alimentaria básica universal. La iniciativa, que se aprobó por unanimidad, creaba la Prestación Alimentaria Básica Parental para el cumplimiento de la obligación alimentaria a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 21 años que sean hijos e hijas de funcionarios y empleados públicos.
El Poder Ejecutivo vetó la iniciativa. "Es tan necesaria la perspectiva de género y diversidad en todos los operadores del sistema estatal, como así también la perspectiva de infancias y vulnerabilidad. El "interés superior del niño" no es un mero enunciado vacío de contenido, es un principio liminar que informa todo el sistema de derechos humanos de las niñeces", indicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero.
La diputada Adriana Díaz (FdT), por su parte, cuestionó la ideología que impregna a los vetos del Poder Ejecutivo y lo comparó con otros casos.
Al referirse al veto del Ejecutivo, Adriana Díaz sostuvo que fue interpretado por el Poder Ejecutivo como una retención indebida, "inclinando una vez más la balanza hacia el lado de los siempre beneficiados y no teniendo en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes".
Luego comparó con el veto a la Ley 5.696 que establecía un nuevo régimen de licencias parentales para la administración provincial, "iniciativa de mi autoría que equiparaba, por primera vez en la provincia y el país, los derechos y obligaciones en cuanto al cuidado de niños, niñas y adolescentes a cargo, respondiendo a los paradigmas de derechos humanos y sobre todo de las niñeces.
Considero que ambos vetos tienen un hilo conductor que nos tiene que hacer reflexionar. No estaríamos comprendiendo lo que significan las políticas públicas de los cuidados parentales desde un enfoque de derechos. No es una cuestión de presupuesto, o de ámbito público o privado, sino de concepto", señaló en sus redes sociales.
"Palabras aparte merece el veto a la ley que reformaba la Ley Orgánica Municipal y que permitía, con la nueva modificación, evitar que los intendentes acusados de abusos sexuales y violencias siguieran ejerciendo su poder a costa del Estado y revictimizando a niños, niñas y adolescentes y mujeres. En aquel momento, y vuelvo a referirme la filosofía de los vetos, desde la Asesoría de Gobierno se argumentó que 'en la tensión de derechos uno tiene que tomar decisiones' (ya sabemos quiénes son los beneficiados)", añadió en alusión a los intendentes imputados por casos de abuso o violencia que no pueden ser apartados de sus cargos.
"Las perspectivas de género, infancias, vulnerabilidad son los principios que deben orientar las políticas públicas. En la Legislatura provincial estamos a la altura, ambas iniciativas citadas, hoy vetadas, fueron pioneras en materia de derechos de niñeces y equidad de géneros", afirmó.