La Policía Federal aprehendió al dirigente social, que había tomado el lugar junto a dos diputados de Unión por la Patria y 50 militantes. Desde el patrullero, Grabois le envió un mensaje al presidente.
Un nuevo capítulo de alta tensión política se vivió esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue detenido tras liderar la ocupación del edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas cuya disolución fue anunciada por el Gobierno de Javier Milei esta semana.
La acción, que involucró a unos 50 militantes y legisladores, culminó en un operativo de desalojo que terminó con incidentes entre la policía y los manifestantes.
El grupo, encabezado por Grabois y acompañado por los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, ingresó alrededor de las 14 horas a la sede ubicada en el corazón de la capital.
Los activistas, todos miembros del Frente Patria Grande, accedieron al edificio a través de la cafetería “Un café con Perón” y, una vez en el interior, desplegaron desde los balcones banderas con consignas contundentes: “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
“La juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita, donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón, disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, expresó Grabois en un mensaje publicado en su cuenta de X.
En su declaración, también hizo referencia a los bombardeos de 1955 contra la Plaza de Mayo y acusó al actual Gobierno de haber destruido estatuas de figuras peronistas hace apenas una semana.
La ocupación se produce en el marco de la polémica decisión del Gobierno de cerrar el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón. El pasado 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”.
Según Adorni, el instituto, que empleaba a 20 personas y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos, no cumplía con su propósito de investigación histórica, destinando la totalidad de su presupuesto a salarios y mantenimiento.
El Gobierno aseguró que las investigaciones sobre Perón ya se realizan en universidades y otras instituciones académicas, libres de “condicionamientos estatales”. Además, tras la disolución, se tomaron medidas para inventariar y resguardar el patrimonio del instituto, que será trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.
En un comunicado oficial emitido tras la ocupación, la Casa Rosada condenó la irrupción de los militantes, destacando que las acciones de salvaguarda evitaron “el daño, destrucción o desaparición” del patrimonio histórico. “Quienes irrumpieron con violencia en el inmueble no representan los valores de preservación cultural”, señaló el texto.
