Denunciaron a Harbour Energy y a la Secretaría de Energía por el RIGI otorgado a pesar de operar en Malvinas
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció a la Secretaria de Energía por beneficiar a la firma sancionada por operar ilegalmente en Malvinas.
El frente judicial y político en torno a la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumó un capítulo de alta tensión institucional. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) formalizó una denuncia penal que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, apuntando directamente contra la secretaria de Energía, María Tettamanti, y otros funcionarios clave del área como Eduardo Chirillo y Daniel Veller, por el controvertido otorgamiento de beneficios fiscales y aduaneros a la petrolera de capitales británicos Harbour Energy.
El núcleo de la acusación se centra en una presunta violación a la legislación nacional vigente, en particular la Ley 26.659, la cual prohíbe operar en territorio argentino a aquellas empresas o sucesoras legales que hayan realizado actividades hidrocarburíferas inconsultas en la plataforma continental argentina sin la autorización del Estado, puntualmente en el área circundante a las Islas Malvinas. Según los antecedentes del caso, la firma extranjera (vinculada a través de su participación en el consorcio Southern Energy para proyectos de gas natural licuado) arrastraba sanciones e inhabilitaciones comerciales previas heredadas de su estructura corporativa anterior (Premier Oil).
La presentación judicial advierte que los funcionarios involucrados habrían omitido o pasado por alto estas prohibiciones explícitas al momento de aprobar los avales del RIGI, desatando un fuerte revuelo que dinamitó la agenda de la comitiva oficial. Las esquirlas del expediente judicial no tardaron en impactar de lleno en el exterior, sacudiendo la gira que los funcionarios nacionales desarrollan en París, donde la controversia por la legalidad de los permisos otorgados a capitales británicos sancionados eclipsó los intentos del Gobierno por captar nuevas inversiones extranjeras.
