La denuncia fue impulsada por José Furque y Beatriz Monllau. Sostuvieron que la medida es para poner a prueba la independencia de la Justicia catamarqueña.
Las declaraciones del intendente de Recreo y candidato a senador por La Paz, Luis Polti (Fuerza Patria), acerca de que "roba pero trae para el pueblo", generaron una fuerte repercusión y repudio en el ámbito político y, en la mañana de hoy, pudo conocerse que ese eco también llegó a la Justicia. Concretamente, los abogados José Furque y Beatriz Monllau (referente del GEN) presentaron una denuncia penal contra el intendente por "apología del delito".
Furque explicó que la decisión de denunciar surgió para "no quedarse solo en la crítica pública" y poner a prueba la independencia judicial en Catamarca. "Un fiscal debió actuar de oficio apenas se conocieron las declaraciones, porque la evidencia del hecho es objetiva", sostuvo. Según el letrado, el caso servirá para determinar "si la Justicia catamarqueña actúa con independencia o si continúa subordinada al poder político provincial".
El abogado detalló que el delito que se imputa a Polti está previsto en el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología o justificación pública de conductas delictivas. "Polti se autoincriminó al decir que roba, aunque sea para el pueblo, y ese mensaje es una incitación a cometer delitos", afirmó. Furque también comparó la reacción política con otros casos recientes y cuestionó "la complacencia generalizada" frente a expresiones que naturalizan la corrupción.
Monllau, por su parte, señaló que la condena penal como máximo puede ser de un año, pero apelan a la condena política. En este sentido, se refirió al caso del candidato a diputado nacional José Luis Espert, quien renunció a su candidatura por las denuncias de vínculos narco, y cuestionó que Fuerza Patria no haya actuado de manera similar.
Asimismo, también indicaron que la presentación fue acompañada de material audiovisual difundido por los medios y pidió que la investigación sea llevada adelante por un fiscal "fuera de la jurisdicción de Recreo para garantizar imparcialidad". Los abogados sostienen que el Ministerio Público debe citar al intendente, verificar la autenticidad de los videos y determinar si sus dichos constituyen un delito. “Es una prueba de fuego para la Justicia catamarqueña”, concluyeron.
