El diputado provincial del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Minería, Damián Brizuela, salió al cruce de las declaraciones del legislador Francisco Monti, quien cuestionó la adenda del Proyecto Fénix y la incorporación de una cláusula anticorrupción, y sostuvo que sus afirmaciones “distorsionan el sentido real del texto aprobado”.
“Monti presenta la adenda como una señal política grave, cuando en realidad es exactamente lo contrario: una decisión política para reforzar controles y fijar reglas explícitas sobre el uso de recursos públicos”, afirmó Brizuela. En relación con la acusación de que la Provincia “acepta que una empresa condicione sus aportes”, el legislador fue contundente: “Eso es falso. La cláusula no le da poder a la empresa para juzgar al Estado ni decidir discrecionalmente. Establece condiciones objetivas, escritas y verificables frente a situaciones graves. Eso no es cesión, es previsibilidad institucional”.
Brizuela explicó que la cláusula cuestionada no es excepcional ni arbitraria, sino una herramienta preventiva que define de antemano cómo actuar ante desvíos, irregularidades o investigaciones formales, evitando discrecionalidades futuras. Respecto al argumento de que “no hay reglas generales” y que cada proyecto se negocia de manera aislada, el presidente de la Comisión de Minería respondió:
“Justamente esta adenda fija reglas. Está todo escrito, delimitado y aprobado por la Legislatura. Decir que no hay marco común cuando se establecen cláusulas expresas es una contradicción”. Brizuela también rechazó la idea de que se trate de una “improvisación institucional”. “Improvisación sería no prever escenarios, no establecer controles o dejar zonas grises. Acá se hace exactamente lo contrario: se anticipan situaciones y se fijan procedimientos claros”, remarcó.
En cuanto a la comparación con otros proyectos, el legislador sostuvo que “cada contrato tiene su historia, su contexto y su marco jurídico”, y aclaró que eso no implica arbitrariedad, sino adecuación normativa. “La igualdad no es copiar y pegar cláusulas, la igualdad es garantizar que los recursos públicos estén protegidos”, afirmó.
Finalmente, Brizuela consideró que las declaraciones de Monti responden más a una estrategia política que a una preocupación real por la institucionalidad. “Se intenta sembrar sospechas donde hay control, y hablar de entrega de poder donde hay límites claros. Buscarle el pelo al huevo no fortalece la transparencia, la debilita”, concluyó.
