Compras directas: declaró Fidel Sáenz y ratificó la denuncia de 2004
El ministro Fidel Sáenz, ratificó su denuncia presentada en el 2004 contra el exministro de Salud, Pablo Doro, y el exsubsecretario de Acción Social, Víctor Brandán.
Compras directas. Fidel Sáez frente al Tribunal
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El debate por la causa de Compras directas se lleva a cabo en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación y desde que inició el 29 de noviembre del año pasado, hasta la fecha solo hubo presentaciones de las partes para impedir su desarrollo. En la jornada de hoy prestó declaración el ministro de la Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, quien ratificó su denuncia presentada en el 2004 contra el exministro de Salud, Pablo Doro, y el exsubsecretario de Acción Social, Víctor Brandán.
Sáez también criticó a la justicia por la demora del proceso y aludió a la responsabilidad de Castillo y dijo que no están todos los denunciados.
"Si se hubiese entregado lo que se decía haber comprado se hubiese inundado de alimentos, se hubiese mitigado la pobreza y la indigencia", sostuvo Sáez.
Las compras directas
La causa de compras directas se inició en 2004 por una denuncia del entonces diputado Fidel Sáenz. Es que en la gestión de Brandán se ejecutaron compras directas por $27 millones para asistencia social y más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado y el resto se habían resuelto en los últimos 35 días de Brandán como funcionario. La investigación recayó en las ex fiscales Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas.
En 2005, la mayoría del FCS en la Cámara de Diputados rechazó el desafuero en contra de Brandán planteado por el ex juez Jorge Palacios. Brandán dejó la Cámara baja en 2009.
En diciembre de 2010 la causa pasó al fiscal Ezequiel Walther, que la elevó a juicio por primera vez en junio de 2012. La decisión la ratificó el juez Porfirio Acuña en abril de 2013.
En octubre de 2014 la causa se volvió a elevar a juicio. La medida fue rechazada por la defensa de los imputados, pero se confirmó el 15 de junio. Aunque nunca hubo resolución.
