El abogado Diego Quinteros Martínez, que representa a trabajadores del Distrito 11 de Vialidad Nacional, aseguró que la Justicia Federal les dio la razón en un amparo contra las cesantías, pero que el jefe del distrito no cumple la orden judicial, por lo que se presentó una denuncia por desobediencia.
Cesantías en Vialidad: el abogado de los trabajadores denunció desobediencia
El abogado de los trabajadores anticipó que en los próximos días habría una resolución sobre la medida y sobre la presunta desobediencia del organismo.
Según explicó en declaraciones a la prensa, el reclamo comenzó cuando el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Distrito 11, Juan José Verón Rivera, le pidió actuar a favor de empleados que primero fueron suspendidos y que, sin que terminara esa medida, quedaron cesanteados. Tras el amparo, el Juzgado Federal, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar al pedido, y la semana pasada uno de los empleados estuvo trabajando.
Esta semana, sin embargo, el jefe del distrito decidió por su cuenta no hacer caso a la orden, afirmó el abogado, y por eso se denunció al organismo por desobediencia judicial. “Un órgano administrativo no puede estar por encima del Poder Judicial”, sostuvo. Agregó que ya se hicieron las notificaciones y que Vialidad también presenta sus respuestas.
Quinteros Martínez recordó el caso de uno de los trabajadores, de apellido Reynoso, que tiene cuatro hijas, y cuestionó que alguien quede cesanteado “de la noche a la mañana sin razón alguna”. En su opinión, ese no es el procedimiento.
El abogado agregó que ese trabajador tenía protección gremial, por lo que, según las normas nacionales, Vialidad tendría que haber iniciado primero un trámite para levantarla. Afirmó que el organismo reconoció en varios escritos que conoce esa protección, pero que igual avanzó con la cesantía.
Consultado por cómo están los compañeros, indicó que se sienten preocupados porque no saben cuándo les puede tocar a ellos. Señaló que hay presiones para llegar a acuerdos y que el organismo creó un nuevo sistema de sanciones. Sobre los retiros voluntarios que se les ofrecieron a los trabajadores, dijo que son “medidas de presión que se están haciendo solamente para desarmar el área administrativa”.
Según Quinteros Martínez, la misma situación se vive en todo el país, y la federación gremial mantiene reuniones por una norma que afecta a todos los trabajadores. Recordó que el año pasado el Gobierno nacional intentó desarmar Vialidad con un decreto que quedó sin efecto, pero que desde entonces el manejo pasó al Ministerio de Economía, que empezó a recortar gastos y, a su entender, a perseguir a los empleados.
Ese intento ya había sido motivo de otro amparo. En 2025, el sindicato presentó, también a través de Quinteros Martínez, una acción para frenar cualquier intento de disolver o fusionar la Dirección Nacional de Vialidad, acompañada por una medida cautelar para que no se modificara nada mientras se resolvía. “La Dirección Nacional de Vialidad no puede ser disuelta por decreto sin una ley formal del Congreso”, sostuvo entonces Verón Rivera.
El abogado se refirió también a la Ruta 38, cuya reparación quedó a cargo de la Provincia y ya comenzó en el tramo hasta el límite con Tucumán. Sostuvo que es una ruta nacional que debería arreglar Vialidad con fondos que aporta cada ciudadano, y que ese traspaso “afecta a la economía de la provincia”. En agosto, la Provincia firmó acuerdos para hacerse cargo, con recursos propios y sin reembolso de Nación, de obras en 180,6 kilómetros de las rutas 38, 60 y 157.
No es el primer fallo de este tipo en el distrito: en 2024, el mismo juzgado ordenó reincorporar a nueve agentes cesanteados.
Quinteros Martínez anticipó que seguramente en estos días habrá una resolución sobre la medida y sobre la desobediencia de Vialidad Nacional.