Cristina Kirchner está imputada en la Causa Vialidad.
Mañana tendrá lugar la última jornada de alegatos por parte de Fiscalía en el debate por la denominada Causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como una de las imputadas. Según se supo, el fiscal Diego Luciani solicitará una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Ante esta situación, unos 500 intendentes de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, salieron a respaldar a la vicepresidenta con un comunicado en el que denuncian "persecución" en su contra.
Desde Catamarca, el respaldo llegó de la mano de Sebastián Nóblega (Tinogasta), Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú), Roxana Paulón (Fiambalá), Eduardo Menecier (Paclín), Francisco Gordillo (Pomán), Marcelo Saavedra (Los Varela), Susana Zenteno (Valle Viejo), Raúl Barot (Los Altos), Elpidio Guaraz (Bañado de Ovanta), Franco Carleta (Icaño), Cristian Gutiérrez (Aconquija), Jorge Herrera (Las Juntas), Gilberto Santillán (Londres), Mario Sosa (Tapso), Omar Soria (Huillapima), Carlos Luna (Mutquín) y Lucas Carrazana (Saujil).
Sostienen que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, agregaron.
El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
