Caso Rojas: Gendarmería Nacional no pudo abrir los celulares secuestrados

Si bien en un primer momento el fiscal buscaba destrabar estos 10 celulares, resolvió remitir la totalidad de dispositivos secuestrados, que son 15.

Si GNA logra desbloquear esos celulares en Buenos Aires, el fiscal podrá obtener acceso a la información que hay en esos dispositivos y que puede ser relevante en la causa. Al ser destrabados, podrán darle continuidad a la visualización de dispositivos, que inició semanas atrás.

Aquellos celulares son pertenecientes a varias personas relacionadas con el caso.

El fiscal está buscando conocer los detalles del entrecruzamiento de llamadas de Rojas con Nieva y con otras personas; la ubicación de donde se realizaron diferentes llamadas; y tratar de recuperar mensajes y llamadas que puedan haberse borrado de los celulares.

En definitiva, quiere establecer qué interés o intereses tenía la o las personas que asesinaron a Rojas, quiere conocer por qué lo mataron.

Por otra parte, está procurando obtener datos que podrían surgir en las cercanías de la vivienda de Rojas, donde el exfuncionario fue ultimado.

Escena limpia

Una prueba de luminol que se realizó en diciembre en la escena del crimen del exministro Juan Carlos Rojas demostró que el lugar había sido lavado por el o los victimarios, ya que se detectaron manchas de sangre en el piso y en la pared de la galería.

El procedimiento se realizó en la vivienda de avenida Argentina y calle Domingo Matheu, en la zona norte de la ciudad, en donde fue encontrado el cadáver de Rojas.

Personal de la División Homicidios llevó a cabo la pericia, la cual debe ser efectuada en horario nocturno.

Los peritos ingresaron al domicilio para efectuar una nueva inspección y emplearon el reactivo que fue contundente: surgieron numerosas salpicaduras de sangre en el piso y en las paredes de la galería en donde fue encontrado Rojas.

Este descubrimiento permitió confirmar a los investigadores que el lugar del ataque fue en donde quedó el cuerpo del exministro de Desarrollo Social.

El luminol es una sustancia que tiene un brillo azul o verde cuando entra en contacto con sangre, ciertos metales u otros agentes oxidantes. A partir de 1937 es utilizado primero en Alemania y luego en EEUU, en especial para resolver homicidios. Los investigadores aconsejan no usarla hasta una segunda inspección ocular para no entorpecer la escena del hecho.

Cuestionamiento

El diputado provincial Juan Denett (FdT) cuestionó la investigación que se está desarrollando por el asesinato de Rojas, a través de su cuenta de Twitter.

El legislador oficialista publicó varios tweets en donde pidió a la Justicia que se “haga cargo” de esclarecer el crimen.

“Hoy (por ayer) se cumple un mes desde que tomamos conocimiento del asesinato del compañero Juan Carlos Rojas. Una vez más, la Justicia catamarqueña está en deuda. Más allá de las impericias por la inexperiencia del primer fiscal (por Laureano Palacios), ahora hay fiscales con experiencia (por Hugo Costilla y Alejandro Gober) y estamos en la misma. Todavía no hay esclarecimiento ni avances”, apuntó.

Por último, Denett manifestó que reclaman y exigen que “la Justicia se haga cargo, ya tuvo tiempo más que suficiente. Exigimos que actúe. Y que la o el culpable pague con todas las de la ley, así nuestro compañero Rojitas pueda descansar en paz”.

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Un mes sin pistas firmes

• El 4 de diciembre fue encontrado muerto en su casa el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
• El 5 de diciembre mientras era velado Rojas, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo sorprendía a todos afirmando que había sido un asesinato. "A Rojitas lo mataron", declaró. Horas después el fiscal de instrucción N° 2, Laureano Palacios ordenaba la segunda autopsia en la que se corrobora que Rojas había sido víctima de un homicidio. Según las pericias, Rojas había sido atacado con un elemento contundente que le provocó una fractura occipital de cráneo. Además, presentaba lesiones y escoriaciones en el rostro.
• El 6 de diciembre la Procuración General designó a los fiscales Hugo Costilla y Alejandro Gober para que colaboren con Palacios en la pesquisa.
• El 7 de diciembre quedó arrestada Silvina Nieva, quien era la empleada doméstica del ministro. Fue imputada por el delito “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”. La mujer fue indagada días después y negó haber cometido el hecho. Quedó detenida en la comisaría de la Mujer. La familia designó como abogado defensor a Gabriel Díaz.
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• El 14 de diciembre se conoció la resolución de la audiencia de control de detención, en la que el juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, ordenó la inmediata liberación de Nieva, porque ni el fiscal Palacios ni su secretario habían firmado la orden de detención.
• El 16 de diciembre, tras salir a la luz esta gravísima irregularidad el Procurador General, Tristán Lobo, decidió apartar a Palacios de la causa y mantuvo a Costilla como fiscal del caso. Esta situación puso en foco las designaciones de funcionarios del Poder Judicial y hubo fuertes críticas desde la oposición y del ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres. "Evidentemente que hay una campaña para hacer culpable a la Justicia de las designaciones y no responsabilizar a los verdaderos culpables que son el Ejecutivo y la Cámara de Senadores", dijo Cáceres.
• El 22 de diciembre, el arco opositor pidió el juicio político contra Palacios. La presentación fue realizada ante el Tribunal del Jury.
• El 23 de diciembre, en una entrevista exclusiva, el fiscal Costilla exhibe las cinco pruebas que incriminan a Nieva: la grabación de una cámara de seguridad, las contradicciones de la mujer, las prendas de vestir que le secuestraron y el hecho de que la empleada tenía llaves del domicilio.
• El 27 de diciembre, el tribunal de enjuiciamiento declaró admisible el pedido pero las actuaciones estarán suspendidas hasta febrero cuando se reanude la actividad judicial. La Corte de Justicia le abrió un sumario. Por su parte, el fiscal realizó un descargo en el que responsabilizó al Cuerpo Interdisciplinario Forense y a la Policía porque nadie le advirtió sobre la posibilidad de un crimen.
• El 4 de enero, a un mes del crimen, se conoció la información de que los peritos de Gendarmería Nacional no habían logrado ingresar a diez de los quince teléfonos que habían sido secuestrados en la causa. El fiscal Costilla decidió que la totalidad de los aparatos sean enviados a la provincia de Buenos Aires, en donde se espera que puedan ser desbloqueados.