En los últimos dos años se multiplicó 2,5 veces la cantidad de jubilados que volvieron al trabajo, principalmente en el sector informal, porque no les alcanza para vivir.
La discusión sobre los indicadores oficiales, que el Gobierno nacional manipula para mostrar “realidades” alternativas con las que convencer a propios del rumbo económico, no se circunscribe a datos de inflación, crecimiento económico y empleo, sino que también subestima lo que sucede dentro del trabajo informal y la realidad de los jubilados y jubiladas.
Ese mismo trabajo informal que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, considera que está mejor remunerado que el formal, pese a que las estadísticas oficiales también lo contradigan (el promedio de ingresos de los informales es la mitad que el de los formales). Dentro de ese universo se destaca un fenómeno creciente en los últimos meses: jubilados y jubiladas a quienes no les alcanza la miseria de haberes que cobran y deben salir a buscar algún 'trabajo alternativo' para sobrevivir.
Dado que por su edad este segmento no es considerado población económicamente activa (se toma en cuenta personas entre 14 y 64 años), tampoco es tomado en cuenta en la medición de desempleo. Pero relevamientos privados dan cuenta de que la cantidad de adultos mayores con trabajos informales se multiplicó 2,5 veces desde que asumió la administración libertaria.
La caída del poder adquisitivo de los haberes y la expansión del empleo precario empujan a cada vez más adultos mayores a reinsertarse en el mercado laboral, lo que estudios privados catalogan como 'desempleo encubierto', distorsionando la medición oficial y exponiendo una presión social más profunda que la que muestran los indicadores tradicionales. La escena se repite con frecuencia creciente y en distintos puntos del país: jubilados que vuelven a manejar un taxi, atienden un kiosco, hacen changas o se suman a trabajos informales de baja carga horaria para completar ingresos que ya no alcanzan. Detrás de esas tristes postales, que se instalaron ya como un paisaje cotidiano, hay una dinámica estructural que los datos oficiales apenas logran captar. En un contexto de inflación persistente –que Milei asegure que está casi controlada— y deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales, la reaparición de adultos mayores en el mercado laboral deja de ser excepcional y empieza a configurar una tendencia.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado sobre la base de microdatos del INDEC, dio cuenta de este fenómeno con cifras que contradicen la lectura oficial del mercado laboral. Según este estudio, en el tercer trimestre de 2025 la tasa de actividad de las personas mayores de 66 años creció 11 por ciento en términos interanual, en lo que define como una búsqueda de ingresos laborales de carácter 'supervivencial'. El término remite a una inserción laboral que no responde a una elección ni a una prolongación voluntaria de la vida activa, sino a la necesidad de compensar ingresos insuficientes.
La expansión de este segmento no puede analizarse de manera aislada. En paralelo, el mismo informe señaló que el denominado 'desempleo encubierto' —que incluye a personas con trabajos de pocas horas, inestables o de baja calidad que buscan más empleo— registró un aumento interanual del 34,1 por ciento, particularmente entre los mayores de 66 años. La comparación con 2023 profundiza el diagnóstico: en dos años, los jubilados en esa situación se multiplicaron 2,5 veces.
El fenómeno se inscribe en una transformación más amplia del mercado laboral, en el que la frontera entre empleo y desempleo se vuelve cada vez más difusa. De acuerdo con el IAG, la tasa de desocupación abierta fue del 6,6 por ciento en el tercer trimestre de 2025, pero ese número se eleva al 13,8 por ciento cuando se incorporan las formas de inserción laboral insuficiente o precaria. El informe planteó que “la tasa de desempleo se vuelve un indicador insuficiente para medir la presión sobre el mercado laboral” y advirtió sobre la existencia de un 'desempleo blue', compuesto por trabajadores que, aunque formalmente ocupados, no logran ingresos suficientes ni estabilidad. Esta tasa 'blue' está empujada principalmente por adultos mayores.
Esa redefinición estadística adquiere una dimensión concreta cuando se la vincula con el comportamiento de los ingresos previsionales. A fines de 2025, la jubilación mínima se ubicó en 340.879 pesos, a lo que se sumó un bono de 70 mil pesos que el Gobierno mantiene congelado desde marzo de 2024. De ese modo, el ingreso total para quienes perciben la mínima cerró el año en los 410.879 pesos. Sin embargo, ese refuerzo perdió peso real en un contexto inflacionario: con una suba de precios del 31,5 por ciento en 2025, el poder adquisitivo del haber mínimo cayó 4,6 por ciento interanual.
El deterioro no se explica únicamente por la evolución del haber, sino por la dinámica del bono extra que otorgan para complementar el ingreso previsional. Según los datos disponibles, ese complemento registró una caída del 23 por ciento en términos reales durante 2025 y acumula una pérdida del 46 por ciento desde su última actualización. Para sostener su poder de compra, debería haber alcanzado los 129.943 pesos en diciembre, casi el doble del valor efectivo. La consecuencia es directa: cerca de 3 millones de jubilados —el 49,2 por ciento del total— vieron erosionados sus ingresos en términos reales. En ese contexto, la salida al mercado laboral aparece menos como una alternativa que como una imposición de la desprotección en la que cayeron los adultos mayores. En los contextos de recesión o caída de ingresos se da el fenómeno de trabajador adicional, jóvenes que dejan de estudiar para salir a trabajar y sumar ingresos en el hogar, pero cuando las caídas son repetidas y profundas se da este otro fenómeno: trabajo adicional, pero en mayores. Son personas que necesitan seguir trabajando porque a la caída de los salarios se le suma la pérdida del poder de compra de las jubilaciones.
La noción de 'trabajador adicional' aplicada a los adultos mayores introduce un cambio cualitativo. Tradicionalmente asociada a hogares donde los jóvenes ingresan al mercado laboral para compensar ingresos, ahora se desplaza hacia quienes ya habían completado su ciclo laboral. Esa extensión forzada de la vida activa no se traduce, sin embargo, en empleos formales o estables. Por el contrario, se canaliza en actividades de baja productividad, escasa protección y alta informalidad, que alcanzan para modificar la clasificación estadística pero no para resolver la insuficiencia de ingresos.
La metodología del INDEC contribuye a esa distorsión. Según los criterios oficiales, una persona se considera ocupada si trabajó al menos una hora en la semana de referencia, independientemente de la calidad o estabilidad de esa actividad. El informe del IAG retoma ese punto para señalar que “los desempleados son aquellas personas que no han trabajado ni siquiera una hora la semana anterior a ser encuestados por el organismo oficial”. “Sin embargo, la dinámica del 'autoempleo' permite que abunden trabajos de mala calidad y de pocas horas que hacen que muchas personas no sean identificadas como 'desocupadas'”, agregó el informe.
El resultado es una fotografía por parte del INDEC, que conducía Marco Lavagna y fue reemplazado –tras su renuncia en contra de tanta manipulación de datos— por su segundo, Pedro Lunes, que subestima la presión real sobre el mercado de trabajo. La expansión de ocupaciones de baja intensidad horaria y baja remuneración no reduce la necesidad de empleo, sino que la redistribuye en formas más fragmentadas y menos visibles. En ese marco, los jubilados que vuelven a trabajar ocupan un lugar particular: su presencia incrementa la tasa de actividad, pero también alimenta el universo de la subocupación y el empleo precario. Los datos oficiales del cierre de 2025 dan tímidamente cuenta de esta situación, aunque reflejan menores números. La tasa de desocupación se ubicó en 7,5 por ciento de la población económicamente activa, mientras que la proporción de varones ocupados mayores de 65 años alcanzó el 3,1 por ciento y la de mujeres el 2 por ciento. Al mismo tiempo, la desocupación abierta en ese segmento etario se mantiene en niveles bajos (1,7 por ciento en varones y 0,9 por ciento en mujeres), lo que refuerza la idea de que la problemática no se expresa en términos de desempleo clásico, sino de inserciones laborales débiles.
La relación entre estos indicadores permite entender por qué la medición tradicional resulta insuficiente. La baja desocupación entre los mayores convive con un aumento sostenido de su participación laboral y con un crecimiento del desempleo encubierto. Es decir, menos jubilados aparecen como desocupados, pero más se ven obligados a aceptar trabajos precarios o insuficientes para sostener sus ingresos. En paralelo, estudios como los de Fundar muestran que las tasas de empleo varían significativamente entre provincias, con niveles más altos en distritos como la Ciudad de Buenos Aires y menores en regiones del Norte Grande.
Si bien esas diferencias responden en parte a la estructura demográfica y a la participación laboral en edades centrales, también sugieren que la presión sobre los ingresos puede expresarse de manera desigual en el territorio, amplificando la necesidad de estrategias de supervivencia en contextos más adversos. En ese entramado, el regreso de los jubilados al trabajo refleja el desequilibrio existente y cada vez más profundo entre ingresos y costo de vida, entre cobertura previsional y condiciones reales de subsistencia. La expansión del empleo informal entre los adultos mayores, lejos de aliviar la presión sobre el mercado laboral, la desplaza hacia zonas menos visibles, donde las categorías tradicionales pierden capacidad explicativa.
Fuente: eldestapeweb.com