El diputado de LLA criticó argumentos del magistrado y sostuvo que la iniciativa no equipara a menores con adultos, sino que crea un régimen especial con garantías.
En medio del debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, respondió públicamente a la carta que le dirigió el juez de Cámara Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, y defendió con firmeza el proyecto impulsado por el oficialismo.
A través de un extenso posicionamiento, Brizuela aclaró que no realizó declaraciones mediáticas sobre el tema, sino que expresó su postura en un posteo en redes sociales, y cuestionó que el magistrado haya tomado fragmentos difundidos por la prensa sin considerar el contenido completo del análisis. Según explicó, su planteo no se limita a una discusión ideológica, sino que aborda el contexto social, político y educativo en el que surge la iniciativa del Gobierno nacional.
El legislador cuestionó que Morabito centre su crítica únicamente en la edad de imputabilidad y evite debatir otros aspectos del proyecto, como la falta de garantías claras en la legislación vigente, que data de la última dictadura. A su vez, afirmó que la iniciativa en discusión no equipara bajo ningún punto de vista la responsabilidad penal juvenil con la de los adultos.
En otro tramo, el diputado rechazó la idea de que el derecho penal no deba intervenir frente a delitos graves cometidos por menores. Afirmó que oponerse a la reforma sin cuestionar el sistema actual ni proponer alternativas concretas implica sostener un statu quo que no da respuestas a una demanda social urgente.
“Un menor que mata, tortura y demuestra desprecio por la vida no puede caminar impune por la calle”, sostuvo Brizuela, al tiempo que remarcó que la ley no resolverá todos los problemas de la delincuencia juvenil, pero representa, según su visión, un paso en la dirección correcta y llamó al juez a aportar propuestas desde su rol institucional y cuestionó lo que definió como “exhibicionismo moral” frente a una sociedad que reclama soluciones concretas.
Estimado Dr Morabito,
En respuesta a su carta debo decir que me siento halagado de que hayamos sido dos personas, el Pte Milei y yo, los destinatarios de su invitación al debate y a la reflexión sobre un tema que evidentemente preocupa mucho a los argentinos.
En primer lugar deseo aclarar que yo no he hecho declaraciones al respecto. Solo me he limitado a expresar mi posicionamiento en un extenso posteo en mis redes sociales. De su carta infiero que no leyó el posteo, sino aquellas partes de mi posteo que la prensa decidió dar relevancia. De haber leído mi escrito se habría dado cuenta que estoy lejos de reducir el debate a su alineamiento ideológico. Por el contrario, hago un análisis del contexto social, político, educativo en el que surge esta iniciativa legislativa del gobierno nacional al cual pertenezco. También dedicó unas líneas a analizar otros aspectos del proyecto que van más allá de reducir el debate a la edad de imputabilidad. Ser parte de esa corriente de ideas, valores, de una concepción del mundo y del rol del estado llamado progresismo, que obviamente yo no comparto, no es un insulto.
Por otra parte, no es una apreciación personal. Cualquiera que lea sus frecuentes opiniones en la prensa sobre constitucionalismo, tratados internacionales, minoridad, DNU, “justicia con perspectiva de género” por citar una amplia variedad de temas que usted aborda percibe de manera clara su posicionamiento ideológico, y sobre eso no existe ninguna objeción de mi parte. Ahora bien, como docente que investiga e incentiva en sus alumnos el pensamiento crítico es imperioso analizar el contexto y el lugar desde donde se vierten opiniones. Las políticas públicas sí se evalúan por el posicionamiento ideológico de quién las propone y de quién las critica. Esto es precisamente lo que nos ayuda a acercar posiciones y buscar consensos.
Mi posteo original en la red social Facebook comienza con una pregunta retórica sobre la capacidad de un adolescente para comprender la criminalidad de sus actos y se acompaña el mismo con un cuadro comparativo sobre la edad mínima de imputabilidad en Latinoamérica y el mundo. Tema sobre el cual usted prefiere no contra argumentar e insistir en su carta con una crítica al proyecto que se reduce pura y exclusivamente a la edad punitiva. También hago una crítica a la legislación actual que viene de la dictadura e incluso hago referencia a que esta norma no garantiza de manera clara las garantías del debido proceso. Otro tema sobre el cual usted tampoco emite opinión.
Cuando usted sostiene que “la responsabilidad penal juvenil no puede ni debe equipararse…a la del adulto” me lleva a pensar que no leyó el proyecto presentado hasta ahora, ni los proyectos de dictámenes que incluyen valiosos aportes de legisladores de LLA y de los más variados sectores opositores, así como de penalistas, psiquiatras, psicólogos etc. El proyecto bajo ningún punto de vista equipara el régimen penal juvenil al del adulto. Por el contrario, se crea un fuero especial, se reconocen todos los derechos y garantías consagrados en la CN y tratados internacionales, se consensua la edad de imputabilidad en 14 años, se busca la educación, resocialización e integración social de los menores, se prohíbe el alojamiento de menores en instituciones de mayores o junto con estos, se establece que la graduación de la pena y la sanción a aplicarse dentro de las escalas penales previstas atiende principalmente al daño causado, la gravedad y a la edad del imputado (siempre optando por lo menos gravoso), se prohíben expresamente las penas máximas del CP y se fija un límite de 15 años, posibilita que el Juez adopte las medidas de preservación necesarias desde el comienzo del proceso, el régimen privativo de la libertad es en un establecimiento especial, bajo el control y cuidado de personal capacitado y especializado. El art.12 establece un régimen alternativo de penas tales como amonestación, prohibición de contacto, prohibición de conducción, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación integral a la víctima y por último la pena privativa de la libertad.
Cuando usted sostiene que el derecho penal no es sustituto de políticas públicas su discurso adquiere un matiz netamente político y de allí mi refutación política a gobiernos anteriores. Evidentemente usted no lo dice de manera explícita, pero al oponerse a un aspecto de la nueva normativa sin criticar la actual y sin ofrecer alternativas que solucionen el grave problema de los menores que delinquen está abogando por un status quo o por soluciones, medidas o políticas públicas que van más allá del espíritu de esta norma y cuyos resultados van a tener un impacto real en décadas. La demanda social es ahora.
Que los menores que cometen ciertos delitos graves, como las nuevas modalidades que nos horrorizan, estén privados de su libertad no es un mero acto simbólico. Un menor que mata, tortura y demuestra un desprecio por el dolor y la vida de sus conciudadanos no puede caminar impune por la calle. Mi función es hacer leyes y en ese marco doy el debate sobre este proyecto que obviamente no va a solucionar todos los problemas de la delincuencia juvenil, pero que va en la dirección correcta. Sería bueno que aproveche su inserción y favoritismo en ciertos medios para presentar propuestas alternativas sobre las reformas en cuestión, o en su defecto para dar a conocer a la sociedad cuál es su aporte desde su rol de juez frente a estas problemáticas. La sociedad está cansada de exhibicionismo moral y busca soluciones concretas. Comparto con usted la necesidad de dar el debate y no creo que un impostado academicismo contribuya a ello.
