Tal como lo anticipó el Gobierno Nacional, a partir de este mes comenzaron a llegar las notificaciones para que los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) acudan a las auditorías médicas a los fines de certificar su condición.
El Gobierno informó el mes pasado que sería un proceso escalonado. Los beneficiarios reciben una carta documento con un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten toda la documentación requerida. Al asistir al turno, los médicos de PAMI hacen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. Luego eso es derivado a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se procesa la información de cada beneficiario y se emiten los dictámenes para saber si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.
La documentación médica que se les solicita a los beneficiarios es la relacionada con la incapacidad laboral, es decir, aquella por la que se les otorgó el beneficio y lo más actual posible. No se requiere que hagan estudios especialmente para la fecha del turno. Asistir a la auditoría es obligatorio y en caso de incomparecencias reiteradas y no justificadas se podría suspender el beneficio.
La medida se enmarca en el anuncio realizado por el Gobierno en febrero, en el que se precisó que la Agencia Nacional de Discapacidad y PAMI auditarían 1.013.400 casos de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) con el objetivo de "darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten".
Caso Carrizo
Hay expectativas respecto de la situación de Camilo Carrizo, el hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo, que es uno de los imputados por el violento asalto de Parque América y que tuvo el pasado 27 de febrero su audiencia de auditoría médica convocado por la ANSES, en la que se revisaron sus condiciones de salud en el marco del análisis de la prestación que recibe por invalidez.
Carrizo, que es proveedor del Estado, había sido citado el 16 de enero pero en ese momento no se presentó. Oportunamente justificó esa ausencia y luego tuvo la auditoría de la que participaron personal de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y peritos de parte de la ANSES, que viajaron especialmente desde Buenos Aires para la audiencia.
Carrizo fue convocado producto de la repercusión que tuvo su participación en el asalto, tras lo que se conoció que comenzó a percibir el beneficio cuando su hermano Enzo era titular de la UDAI. Para que la pensión pase a ser una jubilación por invalidez debe certificar una incapacidad del 66%. Si no reúne los requisitos, podría perderla.n