La propuesta fue presentada por Gustavo Aguirre, diputado provincial por el Frente de Todos, y ya cuenta con media sanción en la cámara baja.
En la décimo sexta sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó diferentes propuestas impulsadas por los legisladores, entre ellas, una que busca fortalecer la capacidad del Estado frente a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales mediante la creación de una fiscalía especializada en ciberdelincuencia. Además, avanzó la puesta en marcha de un sistema digital de acceso a derechos para niñas, niños y adolescentes.
Uno de los primeros proyectos debatidos en el recinto fue el de Gustavo Aguirre (FT), quien propuso la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia en el ámbito de la Procuración General de la Provincia. La iniciativa, que obtuvo media sanción, busca dotar al Ministerio Público Fiscal de mayores herramientas para investigar y prevenir delitos informáticos, en un contexto de creciente complejidad y expansión de este tipo de maniobras delictivas. Según explicó el legislador, “la creación de esta fiscalía responde a la gravedad y complejidad de estas conductas, que exigen una respuesta específica del Estado. Es necesario potenciar la actuación del Ministerio Público Fiscal, redistribuir recursos y fortalecer los equipos técnicos que intervienen en la investigación de estos casos”.
Aguirre detalló que la nueva dependencia “estará a cargo de un agente fiscal y contará con secretarías. Para ser titulares deberán cumplir con los requisitos de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además deberán contar con especialización en la materia, dada la especificidad de las conductas delictivas. Esto permitirá brindar respuestas más efectivas para la detección, persecución y represión de los delitos informáticos, e impedir que se concreten consecuencias ulteriores derivadas de ellos”.
La Fiscalía Especializada tendrá asiento en la Primera Circunscripción Judicial, aunque podrá asesorar a funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal de otras circunscripciones cuando sea necesario. Sobre su competencia, Aguirre precisó que abarcará “todas aquellas conductas delictivas que utilicen la tecnología informática como medio o fin para la comisión de un delito, siempre y cuando ésta fuera determinante en la actividad delictiva, afectando el patrimonio, la integridad o la confidencialidad de los sistemas informáticos”. Además, quedarán comprendidos los delitos contemplados en la Ley Nacional N° 26.388 y los que se incorporen en el futuro como modalidades digitales. En cuanto a la recepción de denuncias, indicó que “serán formuladas ante las Comisarías dependientes de la Primera Circunscripción Judicial, Unidades Judiciales o Fiscalía General, y luego remitidas a la Fiscalía Especializada”.
Durante el debate, Adrián Brizuela (LLA) expresó el desacuerdo de su bloque con la creación de una nueva estructura judicial. “Antes de crear una nueva fiscalía con todo el costo que implica y el riesgo de fragmentar una materia que necesita integración técnica, corresponde perfeccionar lo que ya funciona, lo que ya tenemos. Nuestra propuesta es consolidar por norma la especialización vigente de la Fiscalía N°7, reforzar pericias y capacitación del laboratorio forense, crear un tablero público trimestral de datos de ciberdelitos. Este camino evita agrandar el gasto rígido y mejora resultados”, señaló. Aguirre respondió que “en la actualidad existe una secretaría especializada en ciberdelito, pero por su competencia no tiene facultad de decisión, entonces siempre termina recayendo en una fiscalía general que no es especializada”.
Silvana Carrizo (Generación del Cambio) también manifestó reparos, aunque desde otra perspectiva: “Si bien el proyecto resulta viable, no tiene previsiones presupuestarias. Debería quedar especificado en la ley que el Ejecutivo debe prever en el presupuesto general las partidas necesarias, sino vamos a entrar en la misma situación que el juzgado de violencia”. Y agregó: “No estoy de acuerdo con la creación de una nueva estructura dentro del Ministerio Público Fiscal porque implica una superestructura como se hizo cuando se amplió la Corte”.
A esas observaciones, Aguirre replicó que le llamaba “la atención que una diputada que no hizo otra cosa que presentar proyectos generando gasto al Estado, aumento de sueldos y recomposiciones salariales a docentes, sin haber sabido siquiera si la provincia tiene presupuesto, ahora se preocupe por un fiscal. De todos modos, vamos a incorporar la cuestión presupuestaria para despejar dudas”.
Luego, la Cámara dio media sanción a la creación de un Sistema de Acceso Digital a Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes mediante la implementación de códigos QR, impulsado por la diputada Alejandra Pons (UCR). La propuesta apunta a que, a través de una herramienta digital simple, las infancias y adolescencias puedan acceder a información oficial, clara y adaptada a su edad sobre sus derechos, las leyes vigentes y los canales de ayuda o denuncia disponibles.
“Con este sistema, cada niño, niña o adolescente podrá ingresar a una plataforma oficial con información confiable sobre sus derechos, la legislación vigente y los recursos de protección. Además, se garantiza el acceso directo y confidencial a servicios de orientación y líneas de denuncia, fortaleciendo su autonomía y seguridad en entornos digitales”, explicó la autora. Pons argumentó que la iniciativa responde a una necesidad concreta: “Se ha identificado una brecha significativa entre el uso cotidiano de la tecnología y la disponibilidad de información accesible y adaptada a la edad de los NNyA sobre sus derechos, los recursos legales y los servicios de apoyo existentes. Por eso proponemos cerrar esa brecha mediante la implementación de un sistema digital basado en códigos QR que pueda escanearse desde el celular o desde dispositivos ubicados en espacios públicos”. De esa manera, añadió, la plataforma “brindará información sobre derechos, líneas de ayuda, canales de denuncia y recursos de atención inmediata, articulando la tecnología con la promoción de derechos”.
Por otra parte, durante la sesión se aprobó sobre tablas la propuesta presentada por Natalia Ponferrada (FT), mediante la cual se declaró de Interés Parlamentario y Cultural la iniciativa educativa “Maratón de Museos”, del Instituto Superior de Arte y Comunicación.
La diputada explicó que “se trata de un proyecto pensado y creado por docentes catamarqueños del Instituto Superior de Arte y Comunicación, que lleva ya ocho ediciones”. La Maratón de Museos, destacó, “nació desde la cátedra Imagen y Contexto 4 del Profesorado de Artes Visuales, a cargo de la profesora Giselle Isetta, a la que con los años se fueron sumando otros docentes”.
La iniciativa propone un recorrido formativo y experiencial por museos, centros culturales y espacios patrimoniales, articulando instituciones locales con referentes del ámbito cultural y artístico de Buenos Aires. “Es una propuesta que vincula la formación académica con la práctica cultural, permitiendo que los futuros docentes y artistas conozcan, vivan y reflexionen sobre el patrimonio y la creación contemporánea”, subrayó Ponferrada.
