La Fiscalía Federal N.º 2 de Catamarca emitió un dictamen por la causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la provincia, Dalmacio Mera, en conjunto con la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y beneficiarios afectados, en reclamo por la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral, dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En su resolución, el fiscal Santos Reynoso consideró válida la intervención judicial en Catamarca, ratificando la legitimación activa tanto del Defensor del Pueblo como de las asociaciones locales. Además, reconoció la procedencia de la medida cautelar solicitada, en virtud del impacto directo y urgente que las suspensiones generan sobre los ingresos de personas con discapacidad, muchas de las cuales dependen exclusivamente de esa pensión para cubrir alimentos, medicamentos y tratamientos médicos.
El Ministerio Público destacó la importancia del rol de los organismos provinciales en la defensa de los derechos sociales, especialmente ante la vacancia prolongada del Defensor del Pueblo de la Nación.
La demanda busca:
“El dictamen fiscal es un paso fundamental: reconoce la urgencia de la situación y la necesidad de restituir de inmediato los haberes suspendidos. El Estado no puede retroceder en derechos adquiridos ni desproteger a quienes más lo necesitan”, expresó Dalmacio Mera. Con esta decisión, la causa avanza en el ámbito de la Justicia Federal, sentando un precedente clave en la defensa de los derechos sociales y la seguridad económica de las personas con discapacidad en Catamarca.