En la segunda jornada de testigos del juicio por las compras directas en la Subsecretaría de Acción Social ocurridas en 2003, declararon ayer dos auditoras del Tribunal de Cuentas de la Provincia y recordaron que oportunamente recomendaron al órgano de contralor que se realizaran “sumarios de responsabilidad administrativa”. Tal como ocurrió con los primeros testimonios, la reconstrucción de los hechos se volvió una tarea complicada por los casi 20 años transcurridos desde el hecho denunciado y porque muchos testigos no fueron ubicados. El debate sigue hoy y se espera que declare Pablo Córdoba Molas, el exsecretario de Desarrollo Social que sucedió a Brandán en el área.
Las contadoras Edith Rodríguez e Irma Eugenia Díaz, ambas empleadas del Tribunal de Cuentas, prestaron declaración testimonial por haber sido las encargadas de la auditoría sobre las compras directas realizadas por la Subsecretaría de Acción Social durante la gestión de Víctor Brandán, quien está imputado en el juicio. Ambas ratificaron el trabajo y recordaron que en las conclusiones de aquel análisis habían recomendado la apertura de un sumario administrativo de responsabilidad, pero aseguraron desconocer cómo concluyó ese trámite ya que corresponde a otras áreas del TC. Además, explicaron que si dentro de las anomalías detectadas se encontraba la posible comisión de un delito penal, era factible que otra área recomendara la denuncia pero que eso dependía también de las autoridades del TC.
También ratificaron que una de las irregularidades que habían observado en la auditoría fue que varios proveedores eran comunes a todos los procesos analizados.
Procesos administrativos
Otro testimonio destacable de la jornada fue el de la exjefa de Departamento Contable de la Subsecretaría de Acción Social, María de los Ángeles Bracamonte Ance, quien se desempeñó en ese rol entre 1992 y 2004. La mujer explicó cuál era su participación en los expedientes y diferenció los procesos de compra, ante una de las preguntas realizadas por el fiscal Miguel Mauvecín.
En tal sentido, recordó que las contrataciones directas se realizaban, por ejemplo, ante la necesidad de adquirir elementos para paliar la situación ante desastres naturales u otras eventualidades. “En esos momentos se trabajaba más, al igual que cuando se iniciaba el período escolar. Siempre había un decreto o resolución que habilitaba la emergencia, indistintamente si era época de elecciones o no. El área de Acción Social es un área donde las necesidades están siempre”, graficó la mujer, hoy jubilada.
Consultada sobre cuál era su función, Bracamonte indicó que en su departamento se emitían las órdenes de pago, se hacía un control fiscal de la facturación, se chequeaba que las partidas concuerden con el objeto de gasto, entre otras tareas. “Según el tipo de contratación, no se obviaba ningún paso. Siempre participaban varias empresas, pero el procedimiento no incumbía a mi área. Yo veía el expediente, revisaba si había presupuesto y hacía un documento preventivo. Luego volvían adjudicados y siempre había un control de Contaduría General”, relató la exfuncionaria.
Sobre el funcionamiento de la Subsecretaría también fue consultado Guillermo López, un empleado del Ministerio de Desarrollo Social que en un momento se desempeñó en el área de Tesorería y conocía sobre el funcionamiento de los Fondos Rotatorios. A López le consultaron sobre la forma en la que se pagaban los subsidios y sobre la participación en el área de los hermanos del entonces subsecretario Víctor Brandán. El empleado dijo que no podía recordar si ellos trabajaban o no en el Ministerio, pero sí dijo que tras la gestión de Brandán no los volvió a ver.
Un testimonio llamativo fue el de un taxista de apellido Monge, quien fue convocado a declarar por haber presentado en 2003 una nota en Acción Social pidiendo que lo asistieran con materiales de construcción para refaccionar su vivienda, que había sido dañada por una lluvia. Lo primero que Monge dijo al declarar fue que no comprendía por qué había sido citado hasta que le recordaron esa nota, y además explicó que no la presentó él personalmente sino que fue a través de una intermediaria de quien no pudo recordar el nombre. “Nunca recibí ningún tipo de asistencia”, concluyó.
Como ocurrió en la primera jornada de testigos, solo cinco de los nueve que habían sido ofrecidos llegaron hasta el Tribunal y el resto no pudo ser localizado. Para hoy están previstos nueve testigos más.
Accesibilidad
Una de las mujeres que declaró en la última jornada llegó hasta la Cámara Penal nº3 en silla de ruedas y se encontró con que la sala del Tribunal no era accesible. Los jueces, fiscales, secretarios, imputados y defensores debieron trasladarse temporalmente al sector de mesa de entradas para poder tomarle testimonio.
