Denuncian una crisis institucional en Huillapima, con violencia política, bloqueo administrativo y trabas al funcionamiento del Concejo Deliberante.
El concejal de Huillapima, Luciano Auce (Bloque Somos Capayenses), denunció públicamente una serie de hechos de gravedad institucional dentro del Concejo Deliberante, entre los que se destaca un intento de agresión física por parte del hijo del intendente local, quien también se desempeña como edil.
Según relató Auce, el episodio ocurrió durante una reunión de comisiones, cuando el concejal Franco Soria —hijo del intendente— “se levantó sin mediar argumentos y quiso agredirme físicamente”, situación que fue contenida por otras personas presentes. El hecho, aseguró, se dio en el marco de reiterados pedidos de informes vinculados a la transparencia en la administración municipal. “El motivo es pensar distinto y pedir explicaciones. Eso es lo que molesta”, sostuvo Auce, quien remarcó que las tensiones responden a su rol como único representante de la oposición dentro del cuerpo legislativo.
El edil también denunció que no se trató de un hecho aislado. Posteriormente, su secretario administrativo habría sido increpado por un dirigente vinculado al oficialismo, también con intenciones de agresión física. “No llegó a concretarse por la intervención de terceros, pero es una situación gravísima”, afirmó, en diálogo con el programa Fuego Cruzado, de Ancasti Streaming.
En ese marco, Auce anunció una agenda de judicialización ante lo que definió como un quiebre del orden constitucional en Huillapima, al considerar que el oficialismo utiliza la violencia física y el bloqueo administrativo para impedir el control institucional y evitar dar respuestas sobre el destino de los fondos públicos.
“No es un problema personal con un concejal; es el modus operandi de una gestión que se cree dueña de la voluntad de los vecinos. Me agreden porque no pueden contestar los informes que presento. El que tiene las cuentas claras, muestra los papeles; el que no, manda a los punteros”, disparó.
Además de los hechos de violencia, el concejal expuso una serie de irregularidades en el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante. Denunció que no se le permite integrar comisiones, presentar proyectos sin el aval de otro edil ni contar con un espacio físico para trabajar.
“Se está vulnerando la Constitución Provincial y la normativa vigente. No me dejan cumplir con mis funciones básicas como concejal. Han convertido al Concejo Deliberante en una escribanía del Ejecutivo”, expresó. Frente a este escenario, Auce adelantó que avanzará por la vía judicial para que la Justicia intervenga y garantice el normal funcionamiento institucional.
Finalmente, el concejal hizo un llamado a las autoridades provinciales para que tomen intervención en el conflicto. “Lo que está pasando en Huillapima es muy preocupante. No se trata de una cuestión personal, sino del respeto a la democracia, a la división de poderes y a la representación de los vecinos”, concluyó.
