Proyecto minero en Belén

Amparo colectivo por Aguas Calientes

21 de noviembre de 2026 - 00:31

El cacique de la Comunidad Indígena de Peñas Negras de Belén, Sebastián Mauro Gutiérrez, presentó un amparo colectivo acompañado por representantes de la Comunidad Diaguita Calchaquí Jasimana (de Salta) contra la Provincia de Catamarca y el Estado Nacional para intentar que se declare la nulidad de los permisos de exploración minera otorgados para el proyecto Aguas Calientes.

Con el asesoramiento de los abogados Ana Beatríz Monllau y José Furque, los 14 firmantes del amparo plantearon una afectación del territorio de la Comunidad de Peñas Negras, donde también están integrados territorialmente a la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca; afectación parcial del subsitio Norte del sitio RAMSAR "Lagunas Alto-Andinas y Puneñas de Catamarca" y afectación de la cuenca hídrica; afectación de zonas que revisten carácter de reservas exclusivas y zonas protegidas; y afectación del desarrollo de la comunidad que está centrada en la cría de ganado, señalado como el "único medio de vida de sus habitantes".

En este sentido, señalaron que el territorio comunitario "no se restringe a una simple delimitación política, por cuanto comparte con la Comunidad Diaguita Calchaquí Jasimana", y además pidieron la nulidad de las actuaciones al señalar que las autoridades no cumplieron con la normativa vigente, "en tanto los informes ambientales son incompletos y falsos".

Los pedimentos mineros con permiso de exploración por los que se pide la nulidad son los de Aguas Calientes I, Aguas Calientes II y Aguas Calientes III; y preventivamente pidieron la nulidad de las solicitudes de los pedimentos Corina, Corina I y Alto del Mulato.

"Somos un solo pueblo que ocupa desde hace más de 4.000 años de antigüedad, según datos y registros arqueológicos, el territorio común que hoy se conoce como Comunidades Diaguitas", precisaron. En esa línea, remarcaron que además de la ocupación tradicional reconocida "que excede los límites interprovinciales", las actividades de pastoreo que realizan son interjurisdiccionales y abarcan ambas provincias, "conformando una unidad cultural y de trabajo más allá de los límites".

"Durante los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 la Comunidad realizó distintas asambleas y reuniones en las que expresó de manera clara, reiterada e inequívoca su oposición al desarrollo de actividades mineras en su territorio, fundamentalmente mientras no se garantizara el ejercicio efectivo de sus derechos y especialmente la consulta previa, libre e informada", indicaron.

Según señalaron, la Comunidad no se opone "por la oposición misma". "La verdad es que no hubo consulta, solo hubo actos simulados, a veces se nos ha descalificado bajo el argumento de que no somos una comunidad reconocida y no es así, nuestra comunidad formalizó los trámites de inscripción ante INAI y queda pendiente el otorgamiento de personería jurídica. Esta conducta irregular de la administración dilata el acto administrativo, es maliciosa y especulativa por la mezquindad humana y falta de sinceridad y nobleza a nuestros gobernantes", expresaron.

En la presentación señalan además "nuevos hechos" ocurridos en septiembre pasado, en el que mencionan que personal de la empresa Amalaya SA quiso subir al lugar y se produjo una "situación de violencia" con los comuneros.

En ese momento, la empresa minera agradeció públicamente, en un comunicado del 8 de septiembre, el respaldo de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, y de sus respectivos caciques, al trabajo de prospección que la firma realiza en el paraje Aguas Calientes, en la localidad de Villa Vil, norte del departamento Belén. El gesto dejó en evidencia la fractura que atraviesa a las comunidades originarias de la zona: mientras un sector avala el avance de la actividad extractiva, la comunidad de Peñas Negras denuncia violencia, hostigamiento y falta de respuestas judiciales.

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