Karikal atribuyó la medida a la caída del consumo, el aumento de costos y la apertura importadora, que complican su continuidad productiva.
La crisis industrial que golpea al país sumó un nuevo y capítulo en la ciudad cordobesa de San Francisco. La empresa Karikal, con más de 60 años de trayectoria en la fabricación comercialización y exportación de productos e insumos para la industria del mueble, del revestimiento, automotriz, y de la construcción en seco, confirmó a sus empleados, a través de un comunicado interno, que presentará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo.
La medida afecta directamente a las dotaciones de sus dos fábricas, ubicadas en el barrio La Milka y en el Parque Industrial, dejando a los operarios en un clima de incertidumbre sobre la estabilidad de sus puestos de trabajo.
El escenario actual de la compañía marca un giro drástico respecto a su realidad reciente. En octubre pasado, la firma había anunciado un plan de expansión que contemplaba una inversión de 1.200 millones de pesos para instalar una planta en Brasil. Sin embargo, la acelerada degradación del mercado interno por la combinación de una fuerte caída del consumo y el impacto de la apertura de importaciones, obligaron a archivar la ambición exportadora y la ampliación de su prescia en la región para centrarse en una cruda estrategia de supervivencia local.
En el mensaje dirigido a sus colaboradores, firmado por el apoderado David Valverde, la empresa señaló a las políticas económicas de la gestión de Javier Milei como el principal factor de su declive. Según Karikal, la combinación de la apertura del mercado a las importaciones, una «sostenida retracción de la demanda interna» y el incremento desmedido de los costos tornaron «insostenible» la situación para la industria nacional.
Esta crisis de valor y consumo no aparece como un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de desindustrialización que ya registra cierres de fábricas y despidos masivos en diversos sectores. Karikal reconoció «severas restricciones económico-financieras» que hoy le impiden cumplir con obligaciones básicas, como el pago de vacaciones y otros conceptos salariales pendientes.
Desde la conducción de la empresa sostienen que el inicio del PPC es una «medida necesaria para evitar decisiones más drásticas» y procurar la preservación de las fuentes de trabajo. Sin embargo, el ingreso a este marco legal habilita una instancia de negociación que podría derivar en suspensiones, reducciones de jornada o retiros voluntarios.
El trámite obliga a la empresa a exponer sus balances y justificar la crisis ante el Estado y los representantes gremiales. A su vez, mientras dure el procedimiento, la firma no puede avanzar de forma unilateral con cesantías masivas. Con este escenario, la próxima semana se llevarán a cabo las primeras reuniones en el Ministerio de Trabajo para definir el destino de las fábricas.
Al día de hoy, la empresa admitió que no cuenta con certezas respecto a plazos o posiciones finales. Mientras tanto, en las plantas de San Francisco, el compromiso de la dirección de trabajar «incansablemente» para atravesar el proceso choca con la realidad del personal que ve amenazada su estabilidad laboral y profundiza las expectativas negativas sobre el desenlace de la crisis.
