La presidenta del Partido Intransigente advirtió sobre una posible transferencia de recursos públicos a empresas y reclamó conocer el proyecto antes de fijar una posición definitiva.
El debate sobre la iniciativa que prepara el Ejecutivo suma nuevas posiciones dentro y fuera del oficialismo. La presidenta del Partido Intransigente de Catamarca, Adriana Díaz, puso en lupa la propuesta del Gobierno provincial para incentivar el pase de trabajadores estatales al sector privado y pidió analizar la iniciativa con “responsabilidad política, mirada crítica y, sobre todo, perspectiva social”.
El gobernador Raúl Jalil había anticipado que el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para promover el traslado de agentes públicos hacia empresas privadas, con el objetivo de reducir el peso del empleo estatal. La iniciativa es elaborada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, según informó el mandatario, estaría definida en los próximos días para ser enviada a la Legislatura.
Díaz sostuvo que "trasladar empleados al sector privado en un contexto de recesión enciende alertas lógicas" debido al contexto económico cuestionando que se impulse el traslado de trabajadores hacia empresas privadas en un escenario que, según planteó, todavía presenta dificultades para la generación de empleo.
En ese sentido, la dirigente hizo referencia a experiencias anteriores de subsidios estatales al salario privado y a procesos de reconversión laboral implementados en otras provincias y que según su interpretación, "el beneficio suele derivar en un esquema a medida del interés empresarial, donde las corporaciones —incluso grandes actores como las mineras— abaratan sus costos operativos a costa del erario público".
“Esto no representa un desarrollo genuino, sino una tercerización encubierta con fondos provinciales destinada a financiar empresas”, sostuvo también Díaz, remarcando que "dificilmente necesiten del apoyo estatal para ser competitivas".
Díaz también apuntó contra los sectores de La Libertad Avanza que cuestionaron la iniciativa del Gobierno provincial. Los diputados Federico Lencina y Matteo Manti reclamaron que, si el objetivo es reducir el tamaño del Estado, el Ejecutivo debería comenzar por disminuir la cantidad de funcionarios y cargos políticos.
Frente a esos planteos, Díaz analizó que existe una “doble vara” entre las críticas formuladas en la provincia y el respaldo que tienen hacia las políticas del Gobierno nacional. "Los sectores liberal-libertario que cuestionan el proyecto son los mismos que agitan el ajuste, aplauden a nivel nacional las políticas de despidos masivos a estatales, la flexibilización laboral y el ahogo a las economías regionales", lanzó.
“Criticar en lo local mientras se celebra el modelo de desguace nacional es oportunismo político y demagogia”, afirmó.
Más allá de sus críticas, Díaz aclaró que todavía no definió una posición definitiva porque el Ejecutivo provincial aún no presentó formalmente el proyecto de ley. “Veremos qué plantea el proyecto de ley del Ejecutivo para definir una posición más concreta”, señaló.
La presidenta del PI mencionó que "exigiremos que cualquier búsqueda de mejora de las condiciones del Estado no se convierta en una transferencia de recursos públicos a sectores corporativos ni en un riesgo hacia el trabajador". Y terminó analizando que “la salida nunca puede ser el achicamiento que ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores ni replicar recetas que vulneren derechos adquiridos”.