Adriana Díaz, Presidenta del Partido Intransigente salió al cruce del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Senado que busca modificar de manera sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, plantea un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios, la derogación de varios artículos centrales de la normativa vigente y la fijación de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Díaz advirtió que la propuesta oficial constituye una maniobra de “ley mata ley”, al pretender reemplazar una norma que ya fue votada por el Congreso y cuyo cumplimiento fue ordenado por la Justicia. “La ‘nueva’ ley de discapacidad de Milei no es solo una ley nueva; es una forma de puentear lo que el Congreso ya votó varias veces y la Justicia ordenó su cumplimiento. Pretende ignorar la Ley de Emergencia que protegía los fondos de salud para usarlos en el ajuste fiscal”, denunció.
Díaz subrayó que el proyecto oficial implica un retroceso en derechos adquiridos y afecta directamente a las personas con discapacidad. “Las pensiones quedarían fijadas en solo un 70% de la jubilación mínima, un monto que no cubre ni los costos básicos de vida y salud”, sostuvo. En ese sentido, alertó que la incompatibilidad absoluta con el empleo formal “elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, un golpe a la autonomía”.
También cuestionó la eliminación de la actualización automática por inflación para transportistas y centros terapéuticos, lo que, según explicó, dejaría a miles de personas sin acceso a sus tratamientos. “Sin pagos al día, miles de personas se quedan sin sus terapias”, enfatizó. Asimismo, criticó el reempadronamiento masivo que, a su entender, “prioriza criterios de ingresos por sobre la condición de salud real”.
La presidenta del PI catamarqueña remarcó que la iniciativa oficial no solo recorta derechos individuales, sino que también desmantela programas de inclusión laboral y elimina incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad. “Se trata de un retroceso que desconoce la necesidad de promover la integración y la igualdad de oportunidades”, señaló.
En este contexto, Díaz llamó a los legisladores nacionales de Catamarca a rechazar la propuesta en el Congreso. “Así no se puede seguir. Los legisladores nacionales de Catamarca tienen que rechazar de plano esta barbaridad”, concluyó.
Con estas declaraciones, la diputada se posiciona como una de las voces más críticas frente al proyecto oficial, que promete abrir un nuevo frente de tensión política en el Senado y en los bloques aliados del oficialismo. La discusión sobre la Ley de Discapacidad se suma a otros debates sensibles, como el financiamiento universitario, y anticipa un escenario de fuerte confrontación en el Congreso.
