El bloque de diputados del Frente de Todos salió al cruce de las diputadas provinciales de la UCR Silvana Carrizo, Alejandra Pons y Cristina Gómez, quienes denunciaron que fueron “echadas del Hospital de Niños por efectivos de la Policía” cuando se encontraban haciendo un recorrido en el Hospital Escuela de la institución.
Los legisladores del oficialismo provincial señalaron a través de un comunicado que “toda institución pública o privada tiene protocolos de ingreso y de visita; más aún cuando, como en este caso, es un hospital de niños donde se deben salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes según la Ley Nacional 26.061 y su similar provincial 5.357. Al organizar una visita a una institución, por protocolo, se debe solicitar un permiso para su realización. Antes de ingresar toda persona debe anunciarse e identificarse, situación que no ocurrió en esta ocasión”.
“En una institución de salud que aún hoy atiende y tiene internados niñas, niños y adolescentes con COVID-19, sumado a otros procesos infecciosos y pacientes con inmuno compromiso, se deben cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad para evitar contagios, y no poner en riesgo la salud de los niños y niñas internadas”, explicaron.
El comunicado añade: “Lo que llama verdaderamente la atención es que quienes son representantes del pueblo con investidura de diputadas, aleguen sentirse avasalladas cuando, en realidad, se les solicitó como a cualquier otro ciudadano, el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la realización de una visita y, en su caso, efectuar una filmación en un hospital pediátrico. Y a ello, las representantes del Pueblo se negaron y prefirieron el escándalo mediático, buscando obviamente, algún rédito político ante la opinión pública. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿Quién es el avasallado?”
“La condición de representantes del Pueblo impone mayores obligaciones y responsabilidades, y una de ellas es el respeto irrestricto de las normas jurídicas y de la dignidad de las personas. De ningún modo, el hecho de ser legisladoras les confiere el privilegio de incumplir protocolos mínimos en un establecimiento sanitario donde se debe preservar nada más y nada menos que la salud de los más pequeños. Quizás desconozcan que en cualquier sociedad, las únicos privilegiadas debe ser las infancias”, finaliza el escrito.