viernes 31 de enero de 2025
Muy pocos proyectos llegaron a concretarse en todos estos años

A pesar de su amplio debate, la reforma judicial quedó prácticamente en la nada

La polémica por las absoluciones pagas y el aumento de más del 12% a los empleados judiciales reflotó el debate por la reforma judicial que desde el Ejecutivo se plantea desde años.

En el marco de las polémicas que envuelven al poder judicial como las absoluciones pagas, el aumento de más del 12% a los empleados y el último hecho que involucra al juez penal juvenil, Fabricio Gershani Quesada, resurge el debate por la “reforma judicial” que varias veces planteó el gobernador Raúl Jalil. Si bien algunas iniciativas del Gobierno vinculadas a modernizar la Justicia se concretaron, la mayoría quedaron en declaraciones o proyectos que ingresaron a la Legislatura y nunca se trataron. No obstante, en todos los casos, hubo un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición donde también, opinaron los miembros de la Corte de Justicia, el Colegio de Abogados y los gremios judiciales. La resistencia de algunos sectores, fue el elemento central para que la mayoría de las reformas no se materialicen.

La primera reforma

Las dos reformas judiciales más importantes en la administración Jalil, fueron la ampliación de los miembros de la Corte y la eliminación del Consejo de la Magistratura. Estos dos proyectos de ley se aprobaron en 2020 en plena pandemia. Ambos, fuertemente cuestionados por la oposición. Con la ampliación de la Corte, se pasó de cinco a siete miembros y con la eliminación del Consejo de la Magistratura se creó la Comisión Evaluadora que sacó al Poder Legislativo de la mesa de selección de jueces y fiscales y sumó a representantes de la UNCA.

Anuncios y proyectos

A principio de 2023, el Gobierno propuso una "reforma integral del Poder Judicial". En esa oportunidad, Jalil sostuvo que se iba a avanzar "con una reforma a fondo" para que la Justicia "esté más cerca de la gente". En la ocasión, se realizaron reuniones entre miembros del Ejecutivo con el máximo tribunal y desde la Legislatura se anunció rondas de diálogo para avanzar con el tema, haciendo énfasis en los proyectos que ya estaban en estudio en las Cámaras parlamentarias.

A finales del 2023 se presentaron tres proyectos de ley vinculados con la “reforma judicial” pero solo uno se convirtió en ley a finales del año pasado. Estos proyectos eran: la “Modificación de la Ley Nº2337 sobre libre disponibilidad de créditos presupuestarios del Procurador General de la Corte de Justicia”, la modificación del Código de Procedimientos Administrativos (Ley N°3559) y el “Régimen de democratización del ingreso al Poder Judicial mediante mecanismos de selección por concursos públicos, abiertos y transparentes”.

El primer proyecto buscaba dotar de autarquía económica al Ministerio Público pero nunca se presentó. El proyecto de democratización del ingreso a la Justicia tuvo el fuerte rechazo de los gremios judiciales, quienes apuntaron al Gobierno por querer “inmiscuirse en asuntos internos de la Justicia”. En este marco, la Asociación de Magistrados también planteó reparos al proyecto indicando que se debe avanzar en “abordaje integral”. La Corte de Justicia respaldó esta última postura. El proyecto nunca salió de comisión de la Cámara de Diputados.

La reforma del Código de Procedimientos Administrativos se convirtió en ley a finales del año pasado.

Último intento

En febrero del año pasado, también se habló de "reforma judicial", pero solo en declaraciones del Gobernador. Una de ellas, fue la propuesta de reducción de los miembros de la Corte para volver a cinco miembros. Otro anuncio que no llegó a concretarse fue la eliminación de la Cámara de Apelaciones y Exhortos para crear una cuarta cámara penal.

A mediados del año pasado, la Corte de Justicia con su expresidenta a la cabeza, Fernanda Rosales Andreotti, realizó una serie de reuniones con los jueces de Control de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial, entre ellos Rodolfo Maidana, firmante de la homologación que permitió la absolución total de los imputados por el asalto a Parque América, para avanzar en la reforma del Código de Procedimientos Penal. Luego de ese encuentro, los jueces debían acercar al máximo tribunal una serie de propuestas de reforma pero hasta la fecha no se conoce cuáles fueron.

A fin de año se avanzó en la constitución de una comisión para modificar el código de procedimientos civil. Por otra parte, en la Cámara de Senadores se aprobó un proyecto de ley con el que se propuso que los juzgados de Familia de Primera Instancia asuman las causas de violencia de género dejando atrás el fuero específico que se creó anteriormente. Además, se propuso crear un cuarto Juzgado de Familia. El proyecto, hoy en la Cámara de Diputados, tenía el respaldo del Gobierno.

Críticas de los abogados

También el año pasado, el Colegio de Abogados exhortó a la Corte a avanzar con reformas para evitar la mora judicial. En este sentido, el presidente del Colegio Exequiel Moreno, le pidió a la Justicia "que se ponga las pilas" ya que en comparación con otras provincias "en Catamarca estamos atrasados 40 años". También denunció "una casta judicial" a la que "no controla nadie". Además, había pedido que se avance con el proyecto de ingreso democrático al Poder Judicial pero que la definición no esté en manos de la Corte de Justicia.

El letrado fue fuertemente cuestionado por jueces y empleados judiciales, quienes acusaron a Moreno de tener "un alto grado de desconocimiento" de principios básicos de la división de poderes.

Postura de la Corte

En todo este debate por la reforma, la Corte de Justicia destacó como fundamental (entre otras gestiones) la aplicación del expediente judicial. En ese sentido, el tribunal resaltó que el Fuero Civil y el Laboral ya están digitalizados y que se decidió avanzar en implementar estas reformas en el fuero penal. También destacó la implementación de los juicios por jurado.

En 2023, cuando se propuso una reforma profunda, la expresidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, pidió a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que incrementen los recursos para la administración de justicia y, sobre todo que a la hora de diseñar políticas públicas, escuchen más a los jueces, fiscales y abogados del foro local. "La cuestión que hace a las mentadas reformas judiciales deberían ser tratadas con mayor seriedad porque es necesario hacer buenos diagnósticos y en base a esos diagnósticos elaborar políticas públicas que sean efectivas. Una reforma judicial no puede implicar únicamente la reforma de una ley o de un código procesal", había dicho.

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