Advierten sobre acciones y omisiones del Poder Judicial en 1976 y ratifican el compromiso con los derechos humanos.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina difundió un pronunciamiento en el que convoca a una reflexión institucional sobre el rol que tuvo el Poder Judicial durante la última dictadura.
En el documento, se señala que el quiebre del orden democrático implicó también una ruptura en la arquitectura jurídica del país, y se plantea la necesidad de realizar una revisión crítica de las acciones y omisiones del sistema judicial frente a un régimen que ejerció violencia estatal bajo la apariencia de legalidad.
Desde el espacio sostienen que reconocer lo ocurrido constituye una condición fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y consolidar garantías de no repetición. En ese sentido, remarcan que la memoria institucional debe proyectarse hacia el futuro como un compromiso activo con la defensa de las libertades públicas.
Asimismo, el pronunciamiento reafirma principios que consideran centrales para el ejercicio de la magistratura, entre ellos la independencia judicial, el control efectivo de la legalidad de los actos estatales y el deber de garantizar que toda norma o práctica se ajuste a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.
En esa línea, advierten que la Justicia no puede ser indiferente frente a la ruptura del orden constitucional y subrayan que, cuando el Poder Judicial no ejerce su función de control, se debilita su rol como límite frente a posibles abusos de poder. Finalmente, desde la Red ratificaron su rechazo a cualquier intento de subordinar los derechos fundamentales a criterios de oportunidad política o conveniencia estatal, y reafirmaron su compromiso con un Poder Judicial que actúe como garante de los derechos en el marco del sistema democrático.