domingo 7 de agosto de 2022

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Vacunación VIP

16 meses después de las denuncias, no pudo iniciarse la investigación judicial

La causa tuvo un extenso recorrido para definir si la competencia es de la Justicia provincial o federal. Esta semana resolverá la Cámara de Apelaciones.

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27 de junio de 2022 - 00:21

En los meses de febrero y marzo del año pasado, ingresaron denuncias de la oposición en la Justicia federal y en la Justicia provincial, por las que se cuestionaba el operativo de vacunación contra el COVID que la provincia había comenzado en diciembre de 2020 a partir de un plan nacional que fue diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación.

La causa trascendió públicamente como el “Vacunatorio vip”, en coincidencia con la denuncia que se había iniciado a nivel nacional y que le costó el cargo al exministro de Salud, Ginés González García. Un año y cuatro meses después, la denuncia no pudo comenzar a investigarse porque no se logró definir la competencia entre la Justicia provincial y la Justicia federal. Luego de girar por varias oficinas entre Catamarca y Tucumán, el expediente volvió a Catamarca y en la próxima semana resolverá la Cámara de Apelaciones de esta provincia. Recién podrá comenzar la investigación y se abre el debate si tendrá sentido la continuidad del trámite cuando ya no hay faltante de vacunas.

La causa del “Vacunatorio Vip” se inició a mediados de febrero de 2021 con la denuncia que presentó el diputado opositor Hugo Ávila, contra la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón; la ministra de Salud provincial, Claudia Palladino y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno. Según la presentación, los funcionarios se vacunaron contra el Covid-19 sin encontrarse comprendidos dentro de los grupos prioritarios que establecía el Plan Estratégico de Vacunación del Ministerio de Salud de Nación. En este caso la presentación se realizó en el fuero federal.

Luego, Ávila amplió la presentación e incluyó al intendente de FME, Guillermo Ferreyra, quien había subido a su perfil de Facebook un video del 8 de enero de 2021 donde aparecía recibiendo la vacuna y explicando que lo hacía para “dar confianza a la población”. Diputados de Juntos por el Cambio y concejales opositores de FME también presentaron denuncia en el fuero federal.

El 28 de febrero el diputado José "Chichí" Sosa realizó otra denuncia contra autores desconocidos . “Presenté, de manera formal y por escrito, ante la Fiscalía General, una denuncia penal contra el Gobierno de Catamarca, con autores a determinar, por el sistema de privilegios en la confección del listado de Vacunados VIP y sus responsables en la Provincia”, había publicado el legislador en ese momento.

El marzo del año pasado, el juez federal Miguel Ángel Contreras se declaró competente para resolver con respecto a las distintas denuncias que se presentaron en contra de intendentes y funcionarios que accedieron a la vacunación por COVID.

De esta manera, el magistrado rechazó la opinión que había emitido el fiscal federal Santos Reynoso, quien había considerado que la Justicia federal era incompetente para atender la cuestión.

El trámite

Mientras la Justicia Federal comenzaba el trámite por las denuncias que habían ingresado, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a cargo de Facundo Barros Jorrat, declara la incompetencia para entender en la causa al sostener que la vacunación fue un plan que se diagramó desde Nación con fondos federales. Además, argumentó que el bien público afectado es la salud pública. El exjuez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña coincide con el criterio del fiscal y sostiene que el fuero provincial es incompetente para atender la cuestión.

Es por eso que la Justicia provincial decide girar la denuncia de “Chichí” Sosa a la Justicia federal para que se unifiquen las causas por la misma temática. La Justicia federal comienza a tramitar la investigación, pero ingresa un planteo de la defensa de la exministra Claudia Palladino que afirma que el fuero federal es incompetente para investigar la denuncia.

El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, no hizo lugar al planteo de Palladino. Ante la disidencia, la causa se gira a la Cámara de Apelaciones de Tucumán para que resuelva. Ésta resuelve y sostiene que la competencia es provincial. En ese momento, interviene el fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, quien casó la sentencia de la Cámara de Apelaciones.

Es por eso que la causa llega a la Cámara Federal de Casación. El fiscal de Casación desistió en el tratamiento del expediente y por lo tanto no se sostiene la casación, con lo que queda firme el fallo de la Cámara de Apelaciones que había dicho que la competencia es provincial.

Regreso

La causa regresa a la Justicia federal de Catamarca y vuelve a intervenir el juez federal Contreras, quien lo envía a la Justicia provincial para que se cumpla lo que resolvió la Cámara de Apelaciones. En este punto, algunos señalan que ante las diferencias Contreras debería haber girado la causa a la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Barros Jorrat mantiene la opinión que tuvo en el inicio y ratifica que su postura es que el fuero provincial es incompetente para resolver. Interviene el juez de Control de Garantías, Marcelo Sago, que se diferencia del fiscal y asegura que el fuero provincial es competente para tratar la cuestión.

En un nuevo giro de la causa, Barros apeló el dictamen del Juzgado de Control de Garantías y la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de Catamarca.

Hace algunos días la Cámara de Apelaciones convocó a una audiencia para dirimir la cuestión. Barros ratificó que la investigación es materia federal. La Cámara se expedirá durante la próxima semana y puede seguir dos caminos: si decide que es provincial la causa vuelve a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, si sostiene que es federal, el expediente se gira a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.n

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