La Cámara de Diputados aprobó con media sanción y por mayoría el proyecto que envió el Ejecutivo para que en Catamarca se implemente el juicio por jurado en materia penal, lo que implica una reforma de su sistema judicial con plena participación ciudadana. La iniciativa se aprobó con el voto oficialista y el apoyo de dos diputados de la oposición Enrique Cesarini y Juana Fernández.
La oposición cuestionó que el proyecto no tuvo más tiempo en Comisión para permitir abrir el debate a otras instituciones.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Augusto Barros, fue el encargado de fundamentar ante sus pares la iniciativa. “No venimos a inventar nada nuevo, sino cumplir con una manda constitucional”, remarcó para explicar que si bien existen objeciones como la capacidad de quienes integren el jurado “el ciudadano no evalúa el derecho abstracto sino los hechos, y para ello no se puede establecer la restricción”. Barros subrayó que la iniciativa pone “en valor una transformación importante al sistema judicial como es la democratización de la administración de justicia”.
Por su parte, Diego Figueroa (PRO) dijo que “Catamarca se debía una discusión en este sentido, por el cumplimiento al precepto constitucional” y desarrolló una serie de objeciones técnicas a la iniciativa. Su intervención fue polémica porque volvió a cuestionar el uso del lenguaje inclusivo en la iniciativa cuando se designa a la mujer como "fiscala" y no como "fiscal". "Este proyecto tiene una forma de escritura bastante promiscua", observó.
"No voy a entrar en la discusión de lenguaje inclusivo por si o no, pero un proyecto no puede hablar de fiscala. En lo técnico, si esta Legislatura lo aprueba, tendrá una gravedad institucional inusitada". Más adelante la diputada Cecilia Guerrero recogería el guante para responderle: "No entro en discusión con los misóginos lingüísticos, con ese criterio fuimos invisibilizadas, negadas de derechos, pero como el peronismo amplía derechos seguimos trabajando para ello", respondió.
A la vez, Alejandro Páez (Juntos por el Cambio) consideró que se debían modificar los requisitos para integrar un jurado mientras Juana Fernádez evaluó que los veredictos debían ser por mayoría y no por unanimidad. En tanto que Luis Lobo Vergara se refirió a los requisitos para integrar un jurado. "No se iguala para arriba, así que por una cuestión de sentido común y responsabilidad le pondría algún requisito más, alguna madurez como 25 a 30 años", definió.
En el debate también intervino la diputada Adriana Díaz: “El juicio por jurado permite además, que la persona acusada sea juzgada por sus pares, lo cual proporciona al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad una fuerza política y social indiscutible”.
“Los jurados hoy son necesarios para recuperar la dimensión de la tragedia que significa un crimen, tanto para la familia de la víctima, como para la del victimario. Debe debatirse, debe comunicarse, debe abordarse el hecho de manera que genere una huella en la sociedad, y no que sea un simple (o complejo y burocrático) trámite administrativo penal, rutinario, alejado y abstraído de la sociedad”.
La presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, remarcó que se debe dejar de lado los resabios de elitismo puesto que “si un joven de 18 años tiene derecho a votar y puede ser perseguido penalmente por el Estado, también tiene la capacidad suficiente para integrar un jurado popular”. A la vez, detalló que “la exigencia de la unanimidad es indispensable en miras a llegar a decisiones de calidad incuestionable y esta es una de las mayores bondades del proyecto”.
Además, en la sesión se aprobó por unanimidad la iniciativa impulsada por la presidenta de Diputados, Cecilia Guerrero, quien consideró necesaria la modificación a la ley 5434 que creó el fuero especializado de Violencia Familiar y de Género dentro de la justicia catamaqueña.
La autora de la iniciativa indicó que en el 2015 se publicó en el boletín oficial dicha normativa y que si bien pasó el tiempo sin que se pusiese en marcha “se advirtió la necesidad de algunas modificaciones”. “La ley original planteaba que una vez implementado los organismos judiciales del fuero especializado todas las causas en trámite iban a tener que ser pasadas a los órganos de este fuero, situación que generará un cuello de botella en el funcionamiento de los nuevos juzgados con un abarrotamiento de causas”, detalló.
Entre otras iniciativas, se aprobó también la implementación de un programa de visibilización y concientización para la equidad de género en el trabajo doméstico y tareas de cuidado no remuneradas.