La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa por el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas luego que fuese archivada parcialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Los jueces hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, puesto que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la jueza de primera instancia.
La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba efectivamente el personal de salud, pero también el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo. Por ello, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.
El archivo parcial de la causa había sido un total de 65 sobre un total de 70 personas vacunadas y, entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como el Presidente de la Nación.
"No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- solo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio", sostuvo el Tribunal.
Cuando hubieron más vacunas, allá por fines de 2020 y primeros meses de éste, los camaristas recordaron que desde el Gobierno se priorizó la vacunación para los maestros, para la vuelta a clases presencial que finalmente no sucedió de manera inmediata. "Pero cuando el recurso fue insuficiente, ningún grupo se habilitó abiertamente. Incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 -aun con personal de la salud pendiente de vacunar- y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)", replicaron.
En duros términos, los camaristas cuestionan: "¿Por qué ellos y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en iguales condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación".
Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. "La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido", fue la respuesta de los camaristas.
"La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado- siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que solo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal", agregaron.
Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se debe investigar "qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular", o sea los vacunados.
"Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al solo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales", concluyeron.
Rechazan planteo por la Fiesta en Olivos
El fiscal federal, Ramiro González desestimó el planteo de inconstitucionalidad de una de los invitadas al cumpleaños de Fabiola Yáñez sobre el decreto presidencial que imponía el aislamiento obligatorio, en el marco de la causa por el escándalo en Olivos. El planteo es de Estefanía Domínguez, invitada y amiga de la primera dama.
Tras el rechazo fiscal ahora quien definirá es el juez Sebastián Casanello. El planteo tiende a dar marcha atrás en la causa pues Domínguez sostiene que al ser inconstitucional el decreto 260 del presidente Alberto Fernández, imputado en el caso, no había impedimento de reunión como sucedió ese 14 de julio de 2020.