El representante legal del gremio de ATE, Iván Sarquís, se refirió al proyecto de ley en el que trabaja el Poder Ejecutivo para afectar a empleados públicos a sectores de emergencia en el marco de la pandemia, como el Hospital Monovalente “Carlos Malbrán” o el San Juan Bautista. En ese marco cuestionó que no se haya convocado al gremio para analizar la propuesta antes de anunciarla públicamente.
En diálogo con Radio Ancasti, Sarquís sostuvo que “atento a la coyuntura y con el marco normativo vigente, no sería posible avanzar con este proyecto porque hay un estatuto para el personal civil de la administración pública y un escalafón que define cada prestación que cada trabajador va a tener, la naturaleza de esta contraprestación y dónde va a desarrollar su actividad”.
“Trasladar empleados en forma intempestiva sin definir estas situaciones sería entrar en una situación de precarización”, añadió.
El abogado afirmó que la propuesta del Gobierno “está mal comunicada porque básicamente no se puede llevar empleados administrativos a cualquier lugar a cumplir cualquier función en cualquier lugar bajo cualquier pretexto”.
“Entendemos que estamos en una situación compleja que requiere de una máxima atención pero la dirigencia tiene que estar al tanto que hay un marco normativo vigente y que se debe formular una serie de cuestiones relacionadas al derecho laboral para meter mano a este recurso valioso, que es el recurso humano”, dijo y añadió: “No queremos que se lleven adelante situaciones de injusticia y de exposición innecesaria de la salud, como sería trasladar a trabajadores administrativos al Malbrán o al San Juan”.
Según Sarquís, "habría que preguntarle al Gobernador qué función pretende que un empleado administrativo de un organismo como el Ministerio de Obras Públicas o la Legislatura realice en un hospital como el Malbrán".
"Es por eso que hemos pedido mayores precisiones al respecto. El año pasado ya se habló del tema y tuvo una reacción adversa no solo de los empleados sino de toda la comunidad, que hoy está reclamando una mayor celeridad en las respuestas por la pandemia y mayor claridad por las decisiones que se están tomando", añadió.
Finalmente, el abogado del gremio afirmó que cuando desde el Ejecutivo se analiza este tipo de proyectos "se debe convocar a los sectores sindicales para articular este tipo de políticas y consensuarlas en base a que un esfuerzo social tiene que ser compartido en forma solidaria".
La semana pasada, el Poder Ejecutivo informó que trabaja junto a los presidentes de las Cámaras Legislativas en un proyecto de ley que faculte al Gobierno para afectar personal del Estado a prestar servicios donde la emergencia lo requiera.
En ese marco, el gobernador Raúl Jalil se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, y la asesora General del Gobierno, Fernanda Rosales, para avanzar en el tema.
Guerrero explicó que con esta iniciativa se pretende dotar al Estado de las herramientas para atender las emergencias y poder dar respuesta inmediata. “Uno de los temas centrales que se observa con la pandemia es el recurso humano que hoy se encuentra saturado y muy cansado. Con este proyecto, y siempre que exista una emergencia excepcional, el Estado podrá contar con personal para cubrir la demanda”, subrayó.
