El ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres, envió un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el que realiza una enérgica defensa del presupuesto que originalmente se había planificado para el Poder Judicial.
La Corte de Justicia -aunque no todos sus integrantes quieren expresarse públicamente- le reclamó al Gobierno que le restituya $ 600 millones que conformaban la partida presupuestaria original. El Gobierno aseguró que no está en condiciones por la situación de pandemia y porque la provincia perderá este año $ 500 millones con los cambios en el Impuesto a las Ganancias. El Ejecutivo decidió que la cuestión se dirima en la Legislatura y envió un proyecto con el objeto de incrementar el presupuesto del Poder Judicial, pero fundamentando que no está en condiciones de otorgarlo.
La iniciativa se envió para tratarse en sesiones extraordinarias, pero no llegó a debatirse por falta de tiempo para el tratamiento. El proyecto está ahora en la Comisión de Hacienda que días pasados dialogó con el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario.
Cáceres envió su propia fundamentación de la cuestión. En primer lugar, el ministro de la Corte señala que la Constitución de Catamarca es "clarísima" y el Poder Judicial tiene la facultad de elevar el presupuesto al Poder Ejecutivo, pero el único que puede modificar el presupuesto es la Legislatura con la participación de la Corte de Justicia.
Tras extensa exposición sobre la doctrina referida a la cuestión de la facultad para modificar el presupuesto, recuerda que éste ya se encuentra en etapa de ejecución. "La solución no reside en presentar un proyecto de ley modificando la ley anterior. Estamos en la etapa de ejecución presupuestaria y mal puede el Poder Judicial asistir a la Legislatura para defender su presupuesto en tanto es una etapa quemada que ya se extinguió. En esta fase solo se puede reestructurarlo según normas vigentes", advirtió.
En el punto siguiente, observa que la modificación de la ley de Ganancias en el Congreso de la Nación, por la que la Provincia deja de percibir unos $ 500 millones no es motivo suficiente para recortar recursos al Poder Judicial. "Dicha ley fue aprobada el 8 de abril de 2021, lo que no justifica la quita realizada hace más de medio año. Tampoco se entiende por qué es solo el Poder Judicial el que tiene que sostener los gastos extraordinarios del Ejecutivo", afirmó.
"Además, contrario a la situación de estrechez que informa el Poder Ejecutivo, la provincia ha recibido un crecimiento real del 43% en la coparticipación en el mes de abril", indica y cita un informe publicado por el IARAF.
"Ahora bien, al analizar el presupuesto del Poder Judicial y querer compararlo con los otros poderes de la provincia es como querer comparar peras con naranjas" añadió.
"En efecto, como primer elemento a considerar es que el Poder Judicial es el único poder donde el pago de los salarios es totalmente en blanco, mientras que los otros poderes pagan en negro los haberes de los empleados hasta un 45% mientras que los Municipios rondan el 50%.
El presupuesto que el Poder Judicial elaboró primariamente fue de $ 5.105.825.259. Consensuada la quita de 300 millones, el presupuesto que la justicia remitió al Poder Ejecutivo para la elevación a la Legislatura ascendía a $ 4.805.825.259".
"Considerando un índice promedio del 33% respecto de lo que los otros poderes pagan en negro, serían $ 565.698.497 lo que economizaría el Poder Judicial si no hiciera los aportes en blanco a la OSEP y a la ANSES y que en rara coincidencia se asemeja a la suma sustraída por el Ejecutivo", argumentó.
El gasto en la Justicia
Luego se refiere al gasto que tiene el Poder Judicial y critica algunas reformas que se impulsaron desde la Legislatura.
"Debo decir que el presupuesto del Poder Judicial es uno de los más bajos del país a pesar de contar con Policía Judicial, siendo una de pocas las jurisdicciones que cuentan con este organismo. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba, que tiene Policía Judicial, maneja un presupuesto cuya incidencia en el presupuesto general de la Provincia de Córdoba es del 7 % mientras que el Poder Legislativo, como en casi todas las jurisdicciones del país, ronda más o menos en el 0,5 %", observó al cuestionar el presupuesto para el poder político.
Además, señala que el presupuesto contiene previsiones para mejorar el servicio de Justicia. "La población establecida en Valle Chico alcanza una magnitud que ha hecho considerar a la Corte la necesidad de crear una Unidad Judicial en tanto sus residentes deben recorrer grandes distancias para radicar una denuncia, lo que hace más lamentable y peligroso cuando se trata de violencia familiar o de género. Igual criterio se ha adoptado en el departamento Valle Viejo que, por sus dimensiones, resulta ineludible la apertura de otro Precinto" y añade que también contiene creaciones que nunca fueron consultadas al Poder Judicial. Menciona la creación de Tribunales por parte de la Legislatura "sin siquiera consultarlo al Poder Judicial como por ejemplo la Cámara de Belén donde a nivel de ejemplo se crea un Defensor General, cargo que no existe en el escalafón judicial actualmente en ninguna de las tres Cámaras Civiles ya que fue suprimido".
"En resumen, la Legislatura produce leyes que modifican el presupuesto del Poder Judicial, requiriéndose mayor gasto sin nunca consultar a la justicia. Por su parte, el Poder Ejecutivo suprime importante cantidad de recursos antes de elevar el presupuesto para que lo trate la Legislatura. No puede sostenerse una adecuada administración si la Legislatura decide hacer crecer el organigrama mientras que el Ejecutivo lo despoja de los recursos necesarios", afirma Cáceres.