El Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo ayer por los fondos coparticipables tras una nueva audiencia que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia, y ahora sigue el proceso judicial a la espera de que resuelva el Tribunal.
Es la tercera audiencia que convocó la Corte. Por la Ciudad asistieron el procurador porteño Gabriel Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan. Por la Nación asistieron los abogados del Ministerio de Economía: Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson.
Pese a las negociaciones, no hubo acuerdo por el caso que el Gobierno porteño llevó al Tribunal a partir de la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, y que luego ameritó una sanción de una ley en el Congreso nacional que podó 65 mil millones de pesos al presupuesto de la Capital Federal.
En el acta que se dejó constancia de las tres audiencias, refleja la falta de acuerdo pese a la predisposición del diálogo, y ahora la Corte deberá resolver fallando sobre el tema para lo cual no tiene plazo establecido alguno. En concreto, la Corte tiene que dar respuesta a un pedido de inconstitucionalidad solicitado por el Gobierno porteño contra la medida dispuesta por Alberto Fernández, para dar marcha atrás.
Además de las cuestiones constitucionales, entre los puntos que Ciudad entiende prioritario discutir se encuentran el monto necesario para financiar el servicio de Seguridad transferido, el mecanismo de actualización de dicho monto -que debe ser representativo y transparente-, y el mecanismo de transferencia de los recursos, el cual debe ser automático y por fuera del Presupuesto nacional, indicó CABA mediante un comunicado. Sobre todas estas cuestiones debería alcanzarse un acuerdo razonable que no es el que está previsto en la Ley 27606 que la Ciudad ha cuestionado por ser inconstitucional.
