A pesar de que se dictaminó su libertad, los 10 detenidos por los ataques a las oficinas de Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y a la sede del Partido Justicialista en Andalgalá siguieron tras las rejas todo el fin de semana.
Sucede que ninguno de ellos pudo cumplir con la caución de 300 mil pesos impuesta por la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, para que puedan recuperar la libertad. Por esta situación, hubo repudios de agrupaciones ambientalistas como la Asamblea El Algarrobo y de fuerzas políticas como el Partido Obrero, que expresaron su malestar por la medida al calificarla como "extorsiva" y "totalmente desproporcionada".
Se espera que entre hoy y mañana haya novedades sobre la situación de estas personas.
El viernes había vencido el plazo para que los 10 manifestantes sigan detenidos. En ese marco, la funcionaria judicial optó por solicitar su libertad al considerar que con ellos no existe ningún riesgo procesal (entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga) por lo que no había motivos suficientes para pedir una prisión preventiva.
No obstante, seguían vinculados a la causa y se estaba a la espera de los resultados de una serie de pericias para determinar su grado de participación en los desmanes del sábado 10 de abril.
Ante este panorama y como efectivamente existen sospechas o indicios que afirman que estas personas formaron parte de los ataques, es que la fiscal interpuso la caución de 300 mil pesos para que puedan ser liberadas.
Ante diferentes consultas realizadas por este diario, se conoció que procesalmente la situación de estas personas no variará hasta que efectivamente cumplan con el pago de la caución. Es decir, hasta que no paguen o presenten bienes por el valor de lo pedido seguirán detenidas.
Como el monto de la condición para ser liberados se toma en base al delito cometido y teniendo en cuenta la situación de los acusados, los abogados de los detenidos podrían oponerse al pago de esa suma de dinero argumentando que no tienen recursos para hacer frente a la medida.
En ese marco y si la justicia aceptara ese planteo, se debería hacer un informe socioambiental para conocer la situación de estas personas. Si dicho informe es favorable a los detenidos, eventualmente, las defensas podrían pedir una nueva caución con un monto distinto o requerir una caución juratoria, donde el investigado se comprometa a cumplir con todos los requerimientos de la fiscalía.