El Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA, emitió un documento en el que sentó postura sobre los hechos ocurridos en Andalgalá. El documento se denomina "¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral" e inicia destacando que la comunidad catamarqueña se encuentra conmovida por lo que pasó en Andalgalá. Sin embargo, advierte que "más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá, inmediatamente emerge el montaje de un discurso ´republicano´ y ´democrático´ que repudia ´la violencia´, llama a la ´paz social´ y al ´respeto de las instituciones´, estigmatizando y condenando, en el mismo acto, a los así llamados ´antimineros´ como responsables; como ´fanáticos ecoterroristas´ que están detrás de los ´ataques´ a la propiedad privada de una empresa".
Advierte que "ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz histórico-política de su emergencia)".
En ese marco, considera "necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas, para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender lo que ha pasado y lo que nos está pasando".
En otro párrafo del texto, el equipo de investigación advierte que "desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente condenar la violencia”.
"Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz en una sociedad edificada sobre la guerra?", se pregunta y agrega que "si la condena a la violencia se hace honesta y seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de nuestro sistema de gobierno y de administración de justicia".
El documento lleva la firma de docentes, investigadores y estudiantes: Horacio Machado Aráoz, Claudia Inés Sosa, Mariela Analía Pistarelli, María Belén Verón Ponce, Ana Belén Castro, Gustavo Mario Pisani, Noelia del Valle Cisterna, Estela Romina Cruz, Ornella Castro, Aimé Martínez Vega, Leonardo Javier Rossi, Federico Vega Castillo y María Zalazar. n
